Wellington Toapanta
Insólitos, por decir lo menos, son los apuros de movimientos y partidos para presentar candidatos a las elecciones presidenciales, del Parlamento Andino y de la Asamblea Nacional de febrero del 2025.
Esos apuros reflejan la turbulenta normatividad contenida en la Constitución y en el supuesto Código de la Democracia, promotora del libertinaje de las organizaciones, a quienes se permite postular advenedizos con intereses particulares para servirse de la sociedad y no servirla a ella.
No habría apuros electorales si hubiese un Consejo Electoral y organizaciones políticas ortodoxas a la Constitución y al Código de la Democracia, que les manda controlar, ejercer legítima influencia en la conducción del Estado formulando políticas y en ejercicio de oposición, en formar a sus miembros para el ejercicio de funciones públicas.
Legalmente, los movimientos y partidos son ‘organizaciones públicas no estatales’ que perciben recursos del fisco para sus campañas electorales y fondos permanentes, pero el juez de cuentas del Estado, la Contraloría, no audita. Asombroso: el país tiene 238 formaciones, 16 con estructura nacional, 60 provincial y 43 parroquial, que, si fueran activas, haría rebosar fervor cívico-político en el Ecuador, pero rehúyen el mandato de movilizar y promover participación ciudadana en asuntos públicos; en contraste, son silentes, manipuladores, otros disfrutan popularidad mutando política en concepto peyorativo.
En esta adjetivación parece esforzarse la primera minoría parlamentaria, cuyo liderazgo está sindicado, procesado y sentenciado penalmente; uno, Jorge Glas, recapturado, evadió sentencias penales; escaló su propósito involucrando una sede diplomática, mientras su “organización política” ha sido concentrada en activar, nacional e internacionalmente, el Socialismo del Siglo XXI para favorecer la impunidad.
Así, a 9 meses de las elecciones de febrero del 2025, no se dude que no pocos embrollos serán ejes de campaña y quimeras propuestas para establecer políticas de Estado. En los apuros electorales no sería extraña la infiltración de dudosos candidatos, con intereses insospechados, por lo que es imperativo el celo de filtros de registro de postulaciones, para prevenir posicionamientos de delincuencia organizada.