El gobierno aparece tratando de poner límites a lo que cobran los empresarios; el Presidente, de manera particular ocupado de su salud y, a la vez, el gobierno precios justos o más altos para los productores agrícolas, incluyendo la prohibición de que entren en acuerdos comerciales, sin pensar en los precios de sustentación que ya han fomentado la informalidad en varios sectores como el lechero.
A este panorama se suma la terrible inseguridad y violencia en la que está sumido el país, a la que no responde acertadamente el régimen, lo que nos hace sentir en la indefensión total.
Todos los santos días hay hechos delictivos como nunca antes. La provincia de Esmeraldas, por ejemplo, se ha convertido en un campo de batallas entre bandas criminales que luchan por territorios, acciones de los sicarios en contra de sus víctimas y ciudadanos atemorizados por los vándalos que campean a diario.
Hace más de una semana se cometió el asalto al centro vacacional Casablanca, lugar en el que departamento por departamento, familia por familia, fueron atracados de manera violenta los turistas, hecho con el que la gente que propiciaba el turismo en las playas ecuatorianas, se abstendrá de asistir y eso irá en detrimento de la población que vive de ese rubro.
Las provincias son una antorcha lista a encenderse sin compasión. El país es tierra de nadie, o más bien de los delincuentes. De hecho se supo que varias UPC trabajarían en un horario diurno hasta las 17h00, seguramente por salvaguardarse de la delincuencia, lo que significaría que si la policía se pone a buen recaudo, ¿qué sucederá con los habitantes comunes? Tendremos que enjaularnos en nuestras viviendas para salvar nuestra integridad y vida.
¿Qué acciones emprenderá el gobierno? ¿Cómo responderá al crimen? ¿Qué garantía presentará a los ciudadanos comunes de una vida normal, de trabajar y producir dignamente por el bien de la Patria?
Ya es hora de acciones serias, pedir auxilio al exterior, a países que saben cómo manejar la conflictividad urbana, recambiar la misión de las fuerzas armadas, más allá de su clásica ocupación del cuidado de la heredad territorial, en favor de la paz nacional que se ha perdido.
No es posible quedar a la suerte de los delincuentes, entregar nuestra tranquilidad al crimen organizado y común; es necesario un gobierno que se las juegue por los ecuatorianos, sin cálculos políticos, sin temor a quemarse, sino con un norte definitivo en pos del control de la delincuencia.