Wellington Toapanta
Todo es urgente en el Ecuador; por ejemplo: seguridad, inversiones, trabajo, salud, educación ética, política ética, para revertir las secuelas dramáticas del atroz sistema de Estado gestado en el 2007.
Pero no será posible si los ciudadanos, las organizaciones políticas y sociales solo velan por sus mezquinos intereses, sino dejan endosar al gobierno, con liderazgo débil, como hacedor de leyes, justicia, transparencia, elecciones, interminables subsidios, soslayando deberes y responsabilidades propias, como las específicas de las Funciones Legislativa, Judicial, de Transparencia y Electoral.
La legislatura solo muestra ansiedad de poder político, es silente ante la angustia por seguridad y empleo de los ciudadanos; “la Policía no teme al delincuente, sino a la justicia”; el órgano de participación ciudadana y control social nada controla, elude procesos de trasparencia; en el electoral se silencian las sospechas de fraude, califican candidatos que aconsejan robar bien y tener derecho al 20 y 30% de valores de contratos de obra pública.
En promedio, el 30% de ciudadanos son festivos porque presuntos relacionados con la zozobra y miedo nacional han obtenido éxitos electorales, mientras el 70% restante posiciona su dispersión con la instituida parcelación política y social, desatando sus egos, es reacia a consensos, acuerdos, porque antepone los intereses de sus catastros políticos.
Incoherente sería afirmar que sea reciente la perforación de las instituciones del Estado por el ‘crimen organizado’, sino más bien consecuencia del proceso iniciado en el 2007, cuando, progresivamente, fueron despedidos decenas de miles de servidores y sustituidos por incondicionales a la disipación fiscal y a consignas de sus nominadores, con quienes convive el gobierno que está en vilo por un burdo juicio político.
La pasividad ciudadana permite que la Asamblea Nacional se desentienda de los dramáticos problemas nacionales, peligrosamente piensa que se atenuará la violencia cuando se restablezca la permisividad para las transacciones internas y externas de estupefacientes, que consolidaría la construcción de un narcoEstado.
Por ello, ¿cuál es la urgencia? La unidad de todos quienes sustentan proyectos de bienestar nacional, para consensuar políticas de Estado que promuevan principios éticos y de transparencia, articulados a la convivencia económica, política, social. No es quimera. Con voluntad, energía, es posible materializarlas.