Milica Pandzic
La polémica decisión de permitir nuevamente el porte de armas en el país —no libre, regulado, cabe detallar— como una medida de apoyo a la lucha contra la delincuencia y la inseguridad que se viven en la actualidad, ha generado opiniones encontradas y un nuevo debate entre la ciudadanía. Quienes están a favor de la medida resaltan que será una forma de protección personal y que servirá como un medio de disuasión hacia los criminales, quienes “lo pensarán dos veces antes de atacar un sitio”.
Quienes están en contra, indican que el porte de armas solo aumentará la violencia, pues armar a civiles es un peligro para todos; no solo en las calles, sino en los hogares, dado que las armas de fuego en contextos donde la mujer que es víctima de violencia doméstica representan 7 veces más probabilidades de que el abuso termine en homicidio en comparación con otro tipo de hogares. Así mismo, será perjudicial para los hogares con miembros que sufren de depresión u otras enfermedades mentales, pues aumenta el riesgo de suicidio.
Lo anterior fue solo una mirada rápida a varios de los distintos argumentos que se discuten hoy; no obstante, ante una política ya implementada, cuya construcción careció justamente de dicho debate público. Lo que se suma a que el gobierno no ha aportado ningún tipo de evidencia relevante que justifique la medida, dando luces de que probablemente fue una medida más desesperada que analizada.
Por tanto, no sabemos con certeza qué esperar del porte de armas, ni cuáles serán sus consecuencias. Pero indiferente de que si estamos a favor o en contra de dicha política, lo claro es el mensaje que esta medida nos deja: el Estado ha perdido la batalla contra el crimen, y hoy los ciudadanos estamos solos frente a esta ola de violencia.