miércoles, enero 19, 2022
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Tribunales internacionales

Salvatore Foti

No es cierto que exista una emergencia carcelaria. Una emergencia es imprevista y temporal, mientras que los horrores que acaecen en la Penitenciaría del Litoral hace rato que son la normalidad.

Evadir responsabilidades y buscar chivos expiatorios solo come la credibilidad del actual gobierno, que debe empezar a hacerse responsable de lo que pasa. A la gente no se la engaña.

Es más, la crisis y el abandono gubernamental en el territorio nacional se da a todo nivel. Son muchas las instituciones del Estado que no cumplen con sus funciones más elementales. La gente sigue muriendo dentro y fuera de las cárceles. No paran los asaltos ni el sicariato. De nada sirvió el estado de excepción, pues los criminales ya entendieron que actualmente en Ecuador no hay autoridad.

Lejos de tomar decisiones, las autoridades se la pasan de reunión en reunión o, peor aún, en eventos sociales cuando había empezado ya la carnicería dentro de la penitenciaría. Ninguna de las autoridades abandonó el evento en cuestión para ocuparse directamente de la crisis, una muestra de la total improvisación de los que serían llamados a gobernar. Dudo de que su permanencia en el evento social se haya debido a un complot o a una estrategia de los correístas.

Evadir responsabilidades, casa adentro, se ha vuelto la tónica. Los que están provocando la conmoción interna son los mismos funcionarios escogidos por el presidente, empezando por la ministra de Gobierno.

La masacre del fin de semana era predecible. Debía ser evitada, pero nadie hizo nada, ni siquiera cuando los reos clamaron por ayuda en directo por Facebook. El gobierno, no pudo defender el derecho a la vida de los prisioneros que murieron de la manera más inhumana posible —así lo dictaminarán las organizaciones internacionales, que no quepa duda—.

Este gobierno debe tomar decisiones o esta masacre no será la última. Otras van a ocurrir por la incapacidad de algunos funcionarios. Hay centenares de víctimas y familiares a los que se les debe justicia. La acción o inacción de las actuales autoridades con respecto a esta matanza se deberá determinar y juzgar en instancias internacionales, pues en el país no hay las garantías de que se dé una investigación independiente.

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