Sara Serrano Albuja
Quito aporta más del 50% de los ingresos ordinarios del presupuesto del Estado y sin embargo, recibe menos del 10% de sus impuestos. Análisis documentados de estos datos constan en pronunciamientos firmados por académicos y ciudadanos dirigidos a los excandidatos a la alcaldía. El Estado debería devolver a Quito, por lo menos, la mitad de lo que aporta. La crisis económica y de guerra interna se debería enfrentar integralmente generando oportunidades reales de reactivación económica y apoyando proyectos de la propia ciudadanía que conoce y defiende a su ciudad y territorio. La carga de más impuestos en este escenario de expolio económico y cultural contra Quito será total afrenta si su destino final carece de transparencia y veeduría ciudadana.
Rocío Bastidas Granizo, líder de la Floresta y representante a la Silla Vacía, enarboló la voz de Quito en el Municipio. Bastidas denunció el ocultamiento de información, la falta de democratización en la participación y abogó por las Mesas de trabajo con representantes ciudadanos para la aprobación de ordenanzas. Respecto al noroccidente de Quito, esta líder sostuvo que las comunidades de Calacalí, Gualea, Nono, Nanegal y Nanegalito “son víctimas de todo un proceso agresivo de deterioro en su entorno”; denunció que allí se produce la explotación de la minería metálica que incumple el dictamen de la Corte Constitucional. Transmitiendo las propuestas ciudadanas, Bastidas promovió el plan de manejo de residuos sólidos sostenible y expresó un no rotundo a la incineración de residuos, también se pronunció a favor del cierre técnico del Inga y Zámbiza, todo ello con educación ambiental. El Centro Histórico de Quito, Patrimonio Cultural de la humanidad que preocupa a la ciudad por su delicada situación fue un punto primordial en la exposición de Bastidas quien recogió los planteamientos de los vecinos. Sobre la falta de cuidado y protección del patrimonio del Centro Histórico de Quito, Bastidas alertó que hay más de 160 casas abandonadas y en franco deterioro con comercios informales y “sin solución sostenible de la ubicación de trabajadores sexuales”. También se refirió al Patrimonio Moderno de nuestra ciudad e informó al Alcalde Pabel Muñoz y a los concejales que: “los últimos estudios del Colegio de Arquitectos de Pichincha, el Docomomo y académicos de la universidades” coinciden en que los terrenos que conforman el Hotel Quito son un conjunto patrimonial que incluye también la extensión de la calle Isabel la Católica y los estacionamientos y explicó que cuatro actos administrativos señalan los niveles de protección absoluta y resguardo del patrimonio monumental: La ficha del 98, el premio ornato de 1961, el inventario del Barrio la Floresta en el 2014 y la resolución 114 de INPC. Advirtió que la construcción de torres en las inmediaciones del Hotel Quito romperá el criterio urbanístico de un barrio consolidado que empata con la González Suárez, Guápulo, la Floresta, la Paz, Bellavista y la Vicentina. ¿Apoyará, la alcaldía a Quito a las propuestas ciudadanas, a su aparato productivo, al turismo y los proyectos culturales y naturales? ¿Enfrentará los abusos contra la cultura de Quito como los que cometió Sayce? Con justa razón, la ciudadanía quiteña se pregunta si sus impuestos irán a proyectos fundamentales para el crecimiento económico y cultural de Quito y sus agendas ciudadanas o irán al saco roto de la delincuencia mafiosa y las corrupción políticas.