Por María Paz Jervis
Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 2008, en el Ecuador se inició un proceso de reforma profunda al régimen jurídico de educación superior, tanto en las instituciones privadas como públicas. Ciertamente, en el contexto nacional urgían reformas legales para garantizar que los estándares de calidad fuesen similares en todas las universidades e institutos de educación superior.
Es de público conocimiento que en el Ecuador proliferaron los centros de estudios donde se ofrecía tecnologías y profesiones con casi ninguna regulación; es decir que, en una época el mercado académico creció con absoluta libertad y ese fenómeno menoscabó la calidad de la educación. En otras palabras, hubo muchos años en que conseguir un título universitario en el país era una posibilidad muy sencilla de lograr y esos títulos no siempre constituían el resultado de una formación académica sólida.
La reestructuración que se dio en 2012 con la nueva Ley Orgánica de Educación Superior supuso un proceso arrollador y con alta carga política; tal como ocurrió en otros ámbitos del espectro público nacional. Se crearon criterios de regulación que sirvieron como herramientas para el control político y en gran medida se asfixió a las universidades, sobre todo a las privadas. Pero en medio de ese ambiente negativo, también se crearon estándares de calidad que ahora constituyen rectores de la oferta académica en las instituciones de educación superior del país. Y estos nuevos paradigmas han permitido instaurar una cultura de procesos y de calidad en la gestión de la educación universitaria.
En el año 2018 se reformaron algunos aspectos de la LOES y en agosto de 2021 se presentaron en la Asamblea Nacional dos propuestas de nuevas reformas: la primera es iniciativa de la Función Ejecutiva y la segunda proviene de los asambleístas Salvador Quishpe Lozano, María Isabel Enríquez Jaya, Efrén Noé Calapucha Grefa, Ligia del Consuelo Vega Olmedo y Rosa Elizabeth Cerda.
Las dos propuestas tienen enfoques distintos, pero mantienen un objetivo común que es consolidar la autonomía de las universidades, y su responsabilidad frente a la sociedad y el Estado, con el fin de construir instituciones de excelencia y alta calidad educativa. Por eso, en esta reforma, debe aprovecharse la oportunidad de fijar directrices claras para garantizar en mayor medida la autonomía en la gestión de las universidades y eliminar cualquier vestigio de exagerado control estatal; pero garantizando que se precautelen aquellos estándares de calidad que ya se lograron establecer.
La educación universitaria, constituye un pilar fundamental de una sociedad democrática y es la principal ruta de progreso de las personas. Las normas deben estar claras para que las lógicas políticas y la dinámica del mercado no desnaturalicen la actividad universitaria.