Para bien o para mal, la fórmula para enfrentar la aparentemente imparable violencia callejera y la crónica crisis de las prisiones pasa por más policías y guías penitenciarios. La suma de las cifras oficiales de incorporaciones es notable: se cuentan, en total, por centenares. Se supone, además, una fuerte inversión estatal en su formación y entrenamiento.
En lo anunciado no se palpa ninguna irregularidad ni ilegalidad. Mas los anuncios ocultan viejos problemas: educación deficiente, mal reparto de la riqueza, cifras de desempleo y subempleo notorias, y una sociedad civil que reclama, sí, pero que aporta muy discretamente en la solución de estos y otros agobiantes problemas estructurales y sistémicos.
La desconfianza se ha vuelto norma, así como la erosión de la decencia en la vida pública. Las tramas de corrupción policial y las cloacas del Estado denunciadas y en casos puntuales judicializada son el botón de muestra. No es la primera vez que ocurre, pero ahora cada ciudadano teme por su vida, su familia, su propio sustento o sus propiedades.
Se añade la sensación de que se han desmantelado muchos de los derechos y logros que creíamos seguros. Si no se los tritura en la Asamblea Nacional, se lo hará en las cortes de Justicia, incluida la Constitucional. Parecería que el propósito es confundirlos y generar suspicacia para que no sepan qué creer y en quién. Mientras, cada día que pasa suma una incerteza más, una crisis más.
Todo suena a que la presión seguirá. La incertidumbre interna y externa en la que vivimos, acaba por añadir algo más de inestabilidad social y económica. El informe presidencial ante la Asamblea Nacional, por ejemplo, vuelve a poner sobre la mesa la pendencia entre quien ve lo corto y quien excesivo. Hay peligros por rechazo y por exceso de apoyo. ¿Por qué? No se sabe. ¿En conjunto una bomba de relojería? El tiempo lo dirá.