José Alvear
La guerra contra la delincuencia y las bandas criminales que tienen secuestrado al país es de todos. No de unos pocos, no de “ustedes”como hace pocos días lo escribía el presidente en un tuit, que minutos después borró, tratando de jugar al ‘no pasó’.
Vivimos en el país del ‘sálvese quien pueda’. Sálvese quien pueda porque el Gobierno que tiene la obligación de proveer seguridad, ya demostró que no puede. Al parecer bajó los brazos y afirma suelto de huesos que la guerra es entre “ustedes” y los delincuentes. Jamás imaginamos que un presidente podría confirmar con una frase tan cobarde y vergonzosa su negligencia. Muy a su estilo, lanza la cortina de humo sobre el porte libre de armas, sin explicarnos que este derecho viene acompañado de obligaciones y que reaccionar con un arma, inclusive ante un delincuente, puede llevarnos hasta a la cárcel. Estaremos siempre sujetos al criterio de un juez, que determinará nuestra participación en una supuesta ‘defensa de la vida’. Esto implica, ante la falta de fiscales (573) que se aumentará el número de huéspedes (sin un proceso y menos aún una sentencia), en los centros penitenciarios. Es decir, se sumarán a las 5.000 causas penales ya represadas. En palabras más simples, más gasto para el Estado por concepto de ‘manutención’ de estos nuevos visitantes cuya factura pagaremos los que estamos afuera con nuestros ya altísimos impuestos. Pero sean comprensivos, esta es su guerra, no la nuestra, dice en Twitter el Ejecutivo.
No, señores. Es el Estado el que debe priorizar la estabilidad social a través de una medida de mano justa con quienes atentan contra la vida de un tercero. Estas lacras deben perder automáticamente el derecho a su vida por medio de la pena de muerte. ¡Sí, la misma! Todos la defienden cuando dicen estar dispuestos a protegerse con un arma y aplicarla con mano propia, pero es al Estado al que le corresponde la responsabilidad que indudablemente traerá beneficios inmediatos.
La pena de muerte tiene la capacidad de devolverle a la ciudadanía la seguridad colectiva, pues quienes asesinan tendrán el mismo final y no la boleta de liberación a los tres días. Es un camino eficaz para reconstruir la armonía social, pues elimina a quienes la ponen en peligro. Tal condena es el equivalente a amputar un miembro infectado del cuerpo para evitar que perjudique a todo el organismo. Esta medida es urgente en un país en el que las muertes violentas han incrementado un 66,4%, si se compara el primer trimestre de 2022 con el mismo período de 2023.
La pena de muerte, bajo el debido proceso, también significa un ahorro importante de recursos para el Estado. Solo en 2020, el país gastó más de 40 millones de dólares en la alimentación de 38.967 convictos entre los que se cuentan homicidas, violadores, sicarios y narcotraficantes. Mientras tanto, el sistema de salud está totalmente desabastecido y la calidad de la educación sigue estancada. Que no nos asuste la solución más que el problema, porque hay un dato que es real: la inseguridad se nos fue de las manos y cada vez se pondrá peor. El Ejecutivo debe hacerse cargo, de una vez por todas, de la responsabilidad que le entregó la ciudadanía en las urnas. La guerra es de todos. El Estado debe garantizar la seguridad, la guerra no es de “ustedes”.