La construcción de la Refinería del Pacífico, presupuestada casi ‘al ojo’ en $12.500 millones, nació con mala leche. La Asamblea sumisa al Gobierno le aprobó la explotación del campo ITT —ubicado en la reserva del Yasuní— que serviría para suministrar el crudo, aunque ya se conocía que para cuando entrara en funcionamiento las reservas habrían caído casi a la mitad. Aparte de las complejas variables nacionales e internacionales de las que dependía su factibilidad económica, así como las múltiples objeciones planteadas por la consultora contratada, se cometió una barbaridad únicamente emulada por otras contrataciones realizadas por el mismo Gobierno: se expropiaron los terrenos, se ejecutaron movimientos de tierras, algunas obras civiles y el acueducto, sin contar con los estudios de viabilidad, ni diseño técnico, ni el cierre financiero. Mil quinientos millones de dólares se fueron en este desperdicio. Hasta los chinos, que tanto le colaboraron al economista, se abrieron de financiar este descomunal despropósito.
Como no podía ser de otra manera, en esta fastuosa obra estuvo involucrada la empresa Odebrecht y el actual PPL, que luego de evidenciadas la imposibilidad de su construcción y todas las irregularidades, declaró: donde algunos ven un terreno baldío, yo veo una refinería. Y después, con tal de negarle el Habeas Corpus, no le creen que ve que las paredes de su celda están ensangrentadas.
En entrevista reciente el expresidente afirma textualmente que “la Refinería del Pacífico la boicotearon por odio a Correa, por odio a Manabí y por corrupción; ¿por qué? Porque querían privatizar la importación y luego hacer refinerías privadas; por eso liberaron los precios de los combustibles…” (la puntuación es mía). En estas afirmaciones hay cosas que no cuadran. En sus diez años de Gobierno no completaron los diseños ni el financiamiento. Por otra parte, ¿quiénes fueron tan poderosos que se impusieron a su férrea voluntad porque quisieron privatizar la importación y hacer refinerías privadas? ¿La liberación de precios no fue años después de su partida a Bélgica?
En otro orden de cosas, el Banco Central calcula que el paro de junio arrojó pérdidas por unos $1.115 millones, de los cuales $281,6 corresponden al sector público y $833,8 al privado; se desaceleró el crecimiento económico, se disparó el riesgo país de 870 a 1.730 puntos. Adicionalmente hay un enorme daño intangible: la pérdida de imagen del país.
Como responsable de esta catástrofe se le inició un proceso a L. Iza, en el que le han declarado inocente. Paralelamente, en las mesas de diálogo se exige la suspensión de todo proceso instaurado a los autores, cómplices y encubridores de la barbarie que significa inmovilizar a un país y sus habitantes por 18 días, ocasionar muertos y heridos, daños a la propiedad pública y privada, etcétera. Adicionalmente, aprovechándose de las debilidades manifiestas de las instituciones del Estado, el líder indígena ahora exige la reparación de todos los imputados. Increíble: quienes fueron los autores de daños cuantificados pretenden ser indemnizados. ¡El mundo al revés!
Ya sabemos que los daños al sector público se diluirán en los presupuestos institucionales. Sin embargo, ¿cómo se van a reparar los 833,8 millones de pérdida sufridos por el sector privado, que parecen ser aceptados mansamente?
También sabemos que, al momento de justificar los daños que han provocado, no son los mismos, pero son iguales.