Wellington Toapanta
“Los padrinos de las mafias del narcotráfico son los narcopolíticos, quienes reaccionan en su defensa, tratando de desestabilizar la democracia para intentar volver al poder público y seguir ganando dinero de la corrupción y el tráfico ilegal de drogas”.
La afirmación del presidente Lasso en la antesala electoral disuade a más de 13 millones de electores llamados a votar por representantes en gobiernos seccionales el 5 de febrero de 2023. De los votantes depende, en gran parte, que Ecuador sea identificado como narcoestado o no. Lo será si favorecen a candidatos sospechosos y organizaciones camufladas como “políticas”.
Existen indicios firmes, como la publicación de un rotativo que mostró fotografías del sindicado narcotraficante y de lavado de activos Leandro Norero con el entonces vicepresidente Jorge Glas en la inauguración de una obra pública el 19 de mayo de 2017, a la que podían ingresar solo los que constaban en la lista “elaborada por la Vicepresidencia”.
Se desconoce si este y similares son investigados por la Justicia, pero inducen a pensar probable relación del narcotráfico con la política. El presidente Lasso ha ofrecido entregar información a la Fiscalía y a organismos electorales para indagaciones sobre presunta narcopolítica, a lo que, también, se ha comprometido un grupo de parlamentarios. Si existen avances, enero adicionará crónica roja a la de los enfrentamientos de bandas por el control de mercados.
La normatividad electoral vigente no previene estos indicios punibles porque sus inspiradores la restringieron, en 2009, solo bloquear candidaturas que hayan recibido sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias y testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Por ello, no se descarta que la campaña de enero sea permanente escenario de entrecruce de denuncias sobre narcopolítica, más si determinados postulantes realizan ofertas populistas, demagógicas irrealizables, contrarias a sus tesituras “ideológicas y políticas”.
Sorprendió una oferta de ese tipo, divulgada hace pocos días, de un candidato a la Alcaldía de Quito: generar riqueza “con un paquete de inversiones y hemos puesto sobre la mesa $5.000 millones de inversión. Son inversiones en su mayoría privadas”.
El asombro fue mayúsculo por provenir del postulante envuelto con glosas, por más de $30 millones, durante el desempeño de funciones públicas, en el Gobierno que rigió entre 2007 y 2017, período que se caracterizó por políticas adversas a la inversión privada y generación de empleo productivo, que las refrendó en su, hasta hace poco, función de asambleísta.
Asaltan preguntas: ¿de dónde provienen los $5.000 millones? ¿Los adversos a la inversión privada, en estos tiempos tienen potencialidad inversionista? “Milagros” de la “política” o, ¿quién sabe, de otras “artes”?
Así, es poco menos que improbable que la campaña electoral sea de debate de programas de gobierno, de ideologías, sino de sindicaciones sobre narcopolítica, amparadas por la inmunidad electoral.