Manuel Castro M.
Con relación a la última consulta popular y sus resultados se observa lo siguiente: se aleja de la verdad que la mayoría de los votantes no leyeron las preguntas y en consecuencia no las analizaron. Que no hayan acertado o tengan prejuicios ideológicos es diferente, es efecto de la libertad que, por suerte, impera en el Ecuador, con sus limitaciones y peligros, muchas veces coartada por el sectarismo e intereses particulares no siempre honestos. Las cifras y resultados tan diversos, incluso entre provincias, hacen ver que el votante no tomó a la ligera su decisión al consignar su voto.
Masivamente al pueblo le preocupó el tema de seguridad y su voto es un respaldo indiscutible a las acciones del gobierno y de la fuerza pública. En cuanto a las preguntas en aspectos económicos, que son más complejas, faltó mayor análisis y explicación; luego los sindicatos y los mismos trabajadores temieron que su aprobación les afectaría, desde luego sin fundamento legal, pues se respetaban los derechos adquiridos y se impedían sustituciones; a ello se suma la desconfianza en la empresa privada. La solución está en un diálogo entre todas las partes, pues es innegable que el Código del Trabajo, vigente desde 1938, debería modernizarse, porque el mundo ha variado sustancialmente desde tal época y por tanto hemos entrado en una economía globalizada, y de otro lado es una forma pragmática mediante políticas ágiles que fomenten la industria y el comercio tener leyes laborales aplicables en siglo XXI.
Es explicable el rechazo a la posibilidad de que el Ecuador someta las controversias, en contratos entre el Estado y privados u empresas internacionales, a jueces extranjeros. La razón de tal pregunta es que los jueces nacionales no son fiables y que el Estado se convertiría en juez y parte, lo que ha merecido el comentario y decisión de que lo que se debe tener es gobernantes serios y jueces sabios y honestos, para no sacrificar la soberanía que, en algunos casos, la Constitución sí contempla en caso de controversias comerciales en Latinoamérica. Lo cierto es que los inversionistas extranjeros exigen mayor seguridad jurídica y es indiscutible que hay tribunales internacionales eficientes, a los que se han sometido varios países, pues el concepto de soberanía ya no es absoluto.
La información es indispensable, faltó en lo del Bloque 43-Campo ITT y en las dos preguntas negadas, causando rémoras y perjuicios en el desarrollo de la economía del país, más allá de dogmatismos, prejuicios y actitudes oposicionistas radicales.