Manuel Castro M.
Los otros son el crimen organizado, los narcotraficantes, los políticos apegados a los anteriores. La consulta presidencial está lanzada, su objetivo es la seguridad ciudadana, el combate a la delincuencia, la auditoría a los jueces, la extinción de dominio de los bienes mal habidos y que pasen al poder exclusivo y excluyente del Estado, endurecimientos de penas y fuera del pilche: la legalización y vuelta de los casinos.
Las fuerzas del mal directa o indirectamente ya estudiarán las preguntas, verán lo que les afecta y tratarán de adoptar las medidas que no les impidan o afecten sus criminales negocios, su tráfico de influencias políticas, su intención de captar el poder o lo que falta por parte de la narcopolítica, denunciada, evidenciada y afectada por la eficiente operación Metástasis. Es de esperar que funcione la ‘inteligencia’ estatal para que investigue y se entere de las acciones, materiales e intelectuales (prensa, redes sociales, juristas y constitucionalistas de ocasión) de esos pésimos ciudadanos, traficantes y criminales que tienen al Ecuador inseguro, corrupto y en crisis ética, pues “por la plata baila el perro y por el oro perra y perro”, como dice el refranero popular.
Lo interesante de la consulta, o lo positivo, es que las Fuerzas Armadas acompañarán, sin necesidad del estado de excepción, a la Policía en mantener la seguridad en el país, controlar el narcotráfico e impedir que el Ecuador, en lo posible, sea la vía, en puertos, etc, para la salida de la droga, fuente de los negocios criminales, atentatorios a la salud de los jóvenes, a la corrupción de las clases pobres, de los jueces, fiscales y de sus mismos miembros; asegurándoles además su protección jurídica o inimputabilidad en el ejercicio de sus acciones de fuerza militares y policiales.
A la Corte Constitucional sólo le corresponde el control previo de la constitucionalidad y verificar la claridad de las preguntas, pues en un plebiscito la última palabra la tienen los consultados. Si bien muchas de las preguntas tienen que ver con leyes que corresponde expedir a la Asamblea Nacional, como resultado de la consulta tienen que conocerlas obligatoriamente en sesenta días. Y si ya hay ley, mejor, pues el Ejecutivo ya podría actuar con legitimidad y legalidad.
Desgraciadamente no hay preguntas sobre empleo, reformas laborales, vigencia de la actual Constitución que no establece un Estado de Derecho, que son temas de vital importancia.