Según el diccionario de la lengua inglesa, lawfare significa: “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o una organización social”. Constituye una variación de la palabra warfare que significa ‘ir a la guerra’, en la que se reemplaza war (guerra) por law (ley), lo que implica considerarla como una guerra jurídica. La palabra también se utiliza para significar: persecución judicial, instrumentalización de la justicia o judicialización de la política; utilización abusiva de las instituciones judiciales tanto nacionales como internacionales para, manteniendo una apariencia de legalidad, inhabilitar políticamente a adversarios o provocar su desprestigio, mediante el empleo de las redes sociales y de los medios de comunicación.
En los gobiernos del socialismo del siglo XXI, esta es una práctica generalizada para descalificar a cualquier persona que consideran un obstáculo para sus afanes de perpetuación en el poder o un contradictor importante frente a sus desmanes autoritarios.
Los hechos acaecidos en Nicaragua, donde el Gobierno ha enjuiciado y encarcelado a todos los opositores políticos es un claro ejemplo de estas prácticas. En Ecuador sucedió algo similar. Se ‘metió la mano’ a la Justicia para tener jueces y fiscales obedientes, útiles para la persecución política y, por supuesto, se utilizó con fines equivalentes a las instituciones de control. El millonario ex contralor Carlos Polit era el peón preferido del poder abusivo, con ese fin.
Por esto, no es sorpresivo pero sí indignante que ahora, quienes usaron y abusaron de esta figura del lawfare para perseguir y pretender anular a sus opositores, quieran convertirse en perseguidos por la Justicia y clamen por la conformación de ‘comisiones de la verdad’ que pretenden utilizar para burlar a la Justicia y no pagar por sus horrendos delitos. Lo peor que puede sucederle al Ecuador será que estas personas, que dilapidaron los fondos sagrados del pueblo y que amasaron grandes fortunas logren, a través de triquiñuelas en las que son maestros, burlarse de la Justicia y sentar un precedente nefasto para el presente y futuro del país. Todas las personas decentes, al margen de partidos o ideologías deberán estar atentos para impedir esta barbaridad.