Hoy, de cara a una nueva consulta popular, nos enfrentamos a varias propuestas para solucionar temas complejos, tanto para la ciudadanía como para el Gobierno. La mayor preocupación de los ecuatorianos en la actualidad es la inseguridad y el crimen, por lo que no es extraño que la primera pregunta de la consulta esté relacionada a esto, y al solicitar que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen interno.
Si bien la Corte Constitucional se ha manifestado indicando que, por su naturaleza y capacitación claramente distintas a las de la Policía Nacional, la intervención de la FF. AA. debe ser excepcional (mediante estado de excepción); la consulta justifica su necesidad para combatir el “crimen organizado”, al ser este una amenaza nacional y regional.
En la práctica (y especialmente en el momento de actuar), será difícil diferenciar el crimen organizado del crimen común, pues ambos se traslapan, lo que podría significar un escenario donde las FF. AA. ayuden a combatir el crimen en general. Aunque existe la percepción de que su intervención pueda ser necesaria —y de hecho, las FF.AA. gozan de una aceptación levemente mayor a la de la Policía— los varios estados de excepción que hemos vivido han demostrado que la participación de las FF.AA. no significa una mejor lucha contra el crimen ni genera un decrecimiento de este.
Más allá de esto, la propuesta no forma parte de una verdadera estrategia contra el crimen, sino que es un parche frente a lo que verdaderamente se necesita: fortalecer a la Policía Nacional con capacitación, especialización, depuración y financiamiento; además de estructurar una política de seguridad técnica e integral, que incluya lo más importante: una política de prevención – pues la prevención es la estrategia más eficiente y eficaz contra la inseguridad.