César Ricaurte
En el Ecuador, el periodismo se ha convertido en una actividad cada vez más peligrosa. Los ataques, amenazas y actos de violencia perpetrados por el crimen organizado contra periodistas se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos años. A pesar de las leyes y las promesas de protección por parte del Estado, muchos periodistas han sido víctimas de la violencia de los grupos criminales.
Las amenazas y los ataques son comunes. Los periodistas que se atreven a informar sobre los negocios ilícitos de los grupos criminales son objeto de amenazas de muerte, acoso y agresiones físicas. Muchos han sido forzados a abandonar sus hogares y ciudades para salvar sus vidas y las de sus familias. Los periodistas que han intentado denunciar estos ataques a menudo se encuentran con una respuesta inadecuada por parte del Estado, lo que ha contribuido a un clima de impunidad y miedo.
Según un reciente informe emitido por Fundamedios, durante el primer trimestre del 2023 se han registrado 79 agresiones contra la libertad de expresión en Ecuador. El aumento de los ataques cometidos contra la prensa no sólo se queda en las cifras, sino también en el tipo de agresiones, que se ha ido agravando. Marzo, en cambio, se vio sumido en una violencia sin rostro. En el mes pasado se produjeron 30 agresiones contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos.
Solo para citar, unos hechos recientes: el 20 de marzo, las instalaciones de los canales Ecuavisa, Teleamazonas, TC Televisión y la radio Exa FM fueron escenario de atentados contra sus periodistas, uno de los cuales resultó en explosión. Llegaron sobres con membretes con los nombres de los periodistas Lenin Artieda, de Ecuavisa, Mauricio Ayora, de TC Televisión, Milton Pérez, del Teleamazonas y Miguel Rivadeneira de Exa. La periodista del medio digital GK, Karol Noroña, quien este viernes 24 de marzo recibió una alerta de que su vida estaba en peligro. Tal como lo anunció el medio, ella recibió una amenaza de muerte, lo que llevó a que se activaran protocolos urgentes para que pudiera salir del país. También tenemos el caso del periodista independiente Julio César Ramos. El 7 de marzo, en Babahoyo, provincia de Los Ríos, a las 3 a.m., Ramos se despertó con un ruido estrepitoso y notó que dos sujetos arrojaron gasolina a su carro y lo prendieron en llamas. Cinco minutos tomó para que el vehículo del comunicador se consumiera.
En el sur del país, el medio Vinces TV en Huaquillas, provincia de El Oro, emitió un comunicado en su página web de Facebook indicando que el medio cambiará su tipo de contenido a entretenimiento y comunitario, anteriormente se enfocaban en las noticias de crónica roja. Sin embargo, explicó que debido a temas de inseguridad contra los periodistas, no podrán continuar con esa línea de contenidos. El medio fue víctima de mensajes amenazantes e intimidatorios. Las bandas del crimen organizado no quieren que se publiquen los asesinatos en los que están involucrados.
Karen Minda, periodista de la página La Voz del Pueblo, recibió varias amenazas de muerte en los comentarios de videos que publicó sobre Junior Roldán, alias ‘Junior’, uno de los cabecillas de la banda criminal Los Choneros.
Pero no sólo son los periodistas quienes están en peligro. La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier democracia. La información libre y veraz es esencial para mantener a la ciudadanía informada y para garantizar que los ciudadanos tomen decisiones bien fundamentadas. Cuando los periodistas son amenazados y atacados, la libertad de prensa se ve amenazada, y con ella, la salud de la democracia.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha expresado su preocupación por la situación en el Ecuador. En un pronunciamiento reciente, el CPJ señaló que la violencia y la impunidad son una amenaza para la libertad de prensa en el país. Además, instó a las autoridades a tomar medidas efectivas para proteger a los periodistas y garantizar que los responsables de estos ataques sean llevados ante la justicia. Justamente, la próxima semana una misión del CPJ, acompañados de Fundamedios, visitará el país para constatar esta alarmante situación que vive el periodismo ecuatoriano.
La falta de acción por parte del Estado es particularmente preocupante. A pesar de las leyes y los compromisos internacionales para proteger la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas, el gobierno ecuatoriano ha sido acusado de no hacer lo suficiente para garantizar la seguridad de los periodistas y para perseguir a los responsables de los ataques. En muchos casos, las autoridades han sido cómplices del crimen organizado y han actuado en su beneficio, lo que ha contribuido a la sensación de impunidad y la falta de confianza en las instituciones.
La situación de los periodistas en el Ecuador es alarmante. Los ataques y las amenazas a la libertad de prensa ponen en peligro la salud de la democracia y el bienestar de la sociedad. Es necesario que el gobierno y las autoridades tomen medidas concretas para garantizar la seguridad de los periodistas y para proteger la libertad de prensa.
Sin embargo, también es necesario que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la importancia de la libertad de prensa y la proteja activamente.
La libertad de prensa es fundamental para una sociedad democrática. Si no se toman medidas para garantizar la seguridad de los periodistas, Ecuador corre el riesgo de convertirse en un país donde la verdad y la información están limitadas por la violencia y la intimidación.