Junto a amargas noticias de asesinatos de periodistas vuelven a estar sobre la mesa los peligros que corren la libertad de expresión, la opinión y la libertad de pensamiento. Unas reformas sembradas de trampas veladas y sin velos se aprobaron en la Asamblea Nacional con el voto de 75 legisladores del correísmo, Pachakutik y los habituales aliados ‘de ocasión’.
Si algo hay manoseado es la llamada Ley de Comunicación. Fue el recurso marrullero que durante el régimen de Rafael Correa se utilizó con los medios de comunicación independientes, defensores desafiantes de los valores democráticos. Informar, opinar, expresarse y pensar diferente a lo que el oficialismo totalitario de entonces y su líder; fue objeto de represión y censura sistemáticos.
La «policía del pensamiento», sobre la base de absurdas teorías de conspiración, dejó no pocos crímenes políticos a su paso y procesos judiciales amañados, con los que se pisotearon los valores democráticos proclamados como inalienables por nuestra Constitución y leyes.
Con esas reformas preparan la vuelta del correísmo al poder, y ya en sus manos, el silenciamiento de cualquier crítica o denuncia de injusticias y, por supuesto, de corrupción. Y contra quienes se atrevan, por algún medio de comunicación, alzar la voz en defensa de los que están siendo silenciados. Y contra los periodistas honrados por hacer su trabajo.
La libertad de expresión sigue asediada por la intransigencia y los fervores identitarios. El populismo y el sectarismo buscan terreno y se alían para imponer la cancelación y la censura. Según Max Weber, para esos iluminados su “sublime fin justifica todos los medios”. Estos “redentoristas” no se hacen responsables de las consecuencias de sus actos.
La sociedad y el Gobierno deben actuar con determinación en defensa de la democracia. Con cada decisión clausuramos las otras opciones, y una vez que entramos por una puerta, para seguir con la analogía, las otras se clausuran para siempre.