El entusiasmo del abogado de Rafael Correa parece un show cínico. ¿Por qué está ahí? ¿Cónoce bien el terreno o es que sonríe cual bufón cuando se trata de menguar los efectos penales de la mala política? ¿Pura risa incontrolable, incómoda e inapropiada, a la hora de buscar veedurías hasta en la sopa; o para bajarse a la fiscal, Diana Salazar, alegando cualquier cosa; un plagio desmentido ya por la Universidad Central; o para cada función matutina y esa comedia circense frente a los periodistas? Por algo aconsejó y documentó a su jefe hace 13 años cómo debía enjuiciar a los dueños de diario El Universo, a un editorialista; y, recién, al caricaturista Bonil. Los abogados: Gutemberh, padre; y, Alembert Vera, hijo, demandaron USD 40 millones por un artículo de opinión. Y, ¿cuánto habrán facturado?
Un juez clon emitió una sentencia polémica que fue entregada en un dispositivo electrónico por gente del gobierno de entonces. Por presión internacional y de organismos de derechos humanos esa resolución no avanzó. Mucho se dijo y escribió sobre el uso del poder político para violar la libertad de expresión y los derechos ciudadanos. Total, la persecución judicial inició con los Vera y terminó convirtiéndose en una política estatal durante la década de los caprichos, del abominable de Carondelet.
Inaceptable; el Joker de regreso a ciudad Gótica. Los años pasaron y el correísmo logró, como táctica, que Alembert Antonio Vera Rivera sea el actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una de las equivocaciones históricas más controversiales siempre fue elegir al abogado, al asesor, al testaferro de la mafia como referente de ciudadanía. De ahí, el interés amorfo en colocar a la brevedad posible al nuevo Contralor, al mismo defensor de las cuentas públicas. El Guasón y sus secuaces; antes Pólit, Vaca, Celi… Hoy, Vera y los jueces reciclados de la lista de Jalkh.
De entrada, las veedurías ciudadanas pasaron a cuidados intensivos; pisadas torpes con zapatos de payaso; y, se comenzó a pedir cuentas a los ministros de Estado, a vigilar los decretos ejecutivos, a buscar la destitución de la fiscal, a intentar serruchar la Corte Constitucional blindada de Julio César Trujillo. El objetivo: desestabilizar la institucionalidad del país, pero con la agenda propia de la ‘robolución ciudadana’. La carcajada: reabrir el caso Sobornos para manipular la sentencia de cárcel contra Correa. Viene entonces el cuestionamiento a la Corte Constitucional y a la ciega y sorda autoridad electoral: ¿qué hace el Joker en ciudad Gótica? ¿Qué esperan para sacarlo?
@kleber_mantilla