Imme Scholz*
BERLÍN – En 2015, los 193 miembros de las Naciones Unidas acordaron alcanzar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) -una amplia agenda política destinada a acabar con la pobreza, proteger el planeta y promover el bienestar para todos- para 2030. Ahora, ocho años después, el Informe Global de Desarrollo Sostenible 2023 (GSDR) de la ONU advierte de que el mundo está lejos de cumplir estos objetivos. La pobreza y el hambre están aumentando, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) han seguido creciendo y, al ritmo actual de progreso, se tardará 300 años en alcanzar la igualdad de género.
El devastador impacto social y económico de la pandemia del COVID-19 nos ha desviado del camino, al igual que la guerra en Ucrania. Pero también ha faltado la acción transformadora necesaria para cumplir los ODS. Como muestra el Informe, no basta con medidas graduales e intervenciones específicas. En su lugar, necesitamos reformas radicales que persigan varios ODS a la vez.
Según el GSDR, la transformación de la sostenibilidad es un proceso en el que nuevas tecnologías, infraestructuras y enfoques de toma de decisiones sustituyen a los antiguos, abordando los efectos negativos de las versiones existentes y produciendo mejores resultados. Este cambio suele encontrarse con resistencia y puede dar lugar a conflictos, porque tiene un coste: las empresas tienen que encontrar nuevos modelos de negocio y mercados, y los trabajadores se ven obligados a reciclarse y luego encontrar nuevos empleos. Los responsables políticos deben prever y planificar estas consecuencias.
Una de esas innovaciones son las energías renovables. Pero en la mayoría de los países, las renovables son un complemento más que una sustitución de los combustibles fósiles. Sin embargo, el cambio total es necesario para alcanzar las emisiones netas cero de gases de efecto invernadero, que la Unión Europea pretende lograr para 2050. Además del despliegue a gran escala de energías renovables y tecnologías limpias como los vehículos eléctricos, será crucial aumentar la inversión en infraestructuras energéticas, especialmente en África, y mejorar la eficiencia energética. Las innovaciones sociales que hacen hincapié en la provisión y el uso colectivos de servicios espaciales y de movilidad también pueden ayudar a reducir el consumo de energía.
También son necesarios cambios radicales para acabar con el hambre y detener la pérdida de biodiversidad. Los habitantes de los países ricos deben reducir drásticamente su consumo de carne, adoptar dietas basadas en plantas y reducir a la mitad el desperdicio de alimentos. A escala mundial, la agricultura debe adoptar sistemas de producción multifuncionales y de bajos insumos que preserven la tierra, el agua y la biodiversidad, y el uso de contaminantes persistentes como los metales pesados y los plásticos debe reducirse significativamente para garantizar un medio ambiente sano.
Para promover el bienestar humano y la inclusión, los responsables políticos deben perseguir sin descanso los objetivos de igualdad de género, lo que exige reforzar el estatus jurídico y la autonomía económica de las mujeres. Además, poner un precio al carbono en los países con emisiones elevadas podría generar ingresos para un fondo mundial de protección social que los países de renta baja podrían utilizar para mejorar la educación y los servicios sanitarios. Esto contribuiría en gran medida a reducir la pobreza.
La transformación a esta escala no será fácil de conseguir. Ahí es donde entra en juego el poder de la narrativa: hay que convencer a la gente de que estos cambios son la mejor manera de construir un futuro habitable, y que nuestra trayectoria actual sólo conduce a resultados catastróficos que amenazan la existencia humana.
Para cambiar la narrativa, los responsables políticos tendrán que aprender a apuntalar y mantener un amplio apoyo político y social al cambio generalizado. Eso significa centrarse más en los propósitos comunes que en los conflictos partidistas, desarrollar estrategias a largo plazo que puedan lograr una transformación ecológica justa y ser proactivos a la hora de identificar y resolver conflictos sobre la distribución de los costes. También significa trabajar con la sociedad civil, el sector privado y los sindicatos para identificar los problemas de aplicación y ajustar las políticas en consecuencia. El desarrollo de asociaciones que permitan el aprendizaje mutuo y el intercambio dentro de las regiones y entre ellas puede ayudar a crear esta capacidad.
Los procesos democráticos son fundamentales para diseñar políticas que distribuyan equitativamente los costes de la transformación. Sin embargo, la magnitud del cambio necesario es tan enorme que cualquiera cuyo negocio o medio de vida se vea afectado se resistirá a la reforma. Especialmente en sociedades con altos niveles de desigualdad de ingresos y riqueza, es más probable que la gente crea que saldrá peor parada durante ese cambio de paradigma.
Por ello, los responsables políticos deben situar la equidad y la justicia en el centro de esta transformación y comprometerse con la transparencia y la rendición de cuentas a la hora de determinar cómo deben repartirse los costes entre los distintos grupos de renta y generaciones. El seguimiento de los avances en relación con los objetivos acordados, en particular, permitiría a los ciudadanos exigir responsabilidades a los gobiernos, reforzando el Estado de Derecho y fomentando la confianza en las instituciones.
En la medida en que la consecución de los ODS depende del consenso democrático, la aplicación de estas reformas radicales pero necesarias podría, a su vez, reforzar la democracia.
*Imme Scholz, Copresidenta de la Fundación Heinrich Böll, es Copresidenta del Grupo Independiente de Científicos de las Naciones Unidas, autora del Informe Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2023.
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