Franklin Barriga López
En Panamá, el Ministerio Público y la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, se han comprometido a crear una ‘Guía para Prevención y persecución de la corrupción en el sector estatal y privado’, la que será elaborada por funcionarios de la sociedad civil, entre ellos expertos de organizaciones que ya trabajan en este campo.
La noticia, obviamente, ha sido recibida con beneplácito, ya que de manera sistemática será combatida esta plaga que causa estragos cuantiosos y funestos a los países latinoamericanos y caribeños, especialmente, en vista de que los recursos que se pierden en este verdadero agujero negro de la colectividad deberían ser utilizados en solucionar tantos y agudos problemas de los pueblos tercermundistas.
Basta indicar que el costo de la corrupción equivale a unos 2,6 billones de dólares, los que son desviados de las esferas vitales donde deben emplearse, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Frente a este colosal obstáculo para que no pocas naciones alcancen un futuro mejor, la misma ONU expidió la Convención contra la Corrupción, adoptada en Mérida, México, en diciembre de 2003 y que entró en vigencia el 14 de diciembre de 2005. Actualmente, este importantísimo instrumento internacional se encuentra suscrito por 184 Estados: la finalidad primordial es promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente el flagelo.
Con este amparo, los países tienen que enfrentar a la corrupción con guías como la referida que deben ser cumplidas de manera vertical, con sanciones reales para los corruptos y la devolución de los dineros que se llevaron indebidamente, algunas veces con el mayor cinismo y sin que el brazo de la justicia —a veces manco, precisamente por la corrupción— les alcance.