Franklin Barriga López
Lo sucedido el primero de este mes, en las provincias de Guayas y Esmeraldas, es una muestra de lo que realmente acontece en el país en materia de inseguridad, por lo que el Presidente de la República decretó un nuevo estado de excepción, debido a grave conmoción interna.
Oficialmente se reconoce que se ha incrementado la delincuencia organizada con amplia capacidad de alcance a bienes y servicios lícitos, lo que ha generado importantes escaladas de la violencia, que requieren atención prioritaria del Estado. A esta delincuencia se le ubica íntimamente relacionada con el tráfico ilícito de drogas, así como a mecanismos de extorsión recurrentes que sirven de sustento de la economía criminal y de las organizaciones delictivas presentes en el país, algunas provenientes del exterior, con dilatado historial de acciones espeluznantes, como decapitar a sus víctimas y exhibirlas en lugares de visibilidad pública, para crear advertencia y zozobra en la colectividad.
Ante lo que viene aconteciendo, no tardaron los pronunciamientos de solidaridad con nuestra República, expresados por países amigos y organismos internacionales. El asunto no es nada sencillo, ya que están de por medio el poderío y los tentáculos de mafias de colosal poder de corrupción, en cuyos ámbitos prevalece la alternativa de la bala de oro o de plomo. Cuando no surte efecto la primera, se acude a la virulencia que llega a niveles terroristas.
La imagen nacional se encuentra seriamente deteriorada. Los hechos y no solamente las palabras deben demostrar fortaleza y realizaciones para que cambie esta situación tan lamentable. En razón de ser un factor adverso de carácter transnacional, la colaboración en este mismo ámbito no tiene que faltar. Ecuador, sin descuidar las causas de la criminalidad, debe recobrar el prestigio de isla de paz que algún día tuvo.