Pablo Escandón Montenegro
A partir de la desgracia ocurra en La Comuna y en La Gasca, es importante también poner en discusión la vigencia y actualidad de la Ley de Propiedad Horizontal, un cuerpo normativo que beneficia a constructores que se vuelven copropietarios y se erigen como dictadores en beneficio propio.
Es muy común que el propio constructor aparezca como dueño de departamentos o casas dentro de un edificio o conjunto; así se siente en todo derecho de constituirse en regente de los designios de los demás, sus vasallos, sus peones… cuando en un momento fueron sus clientes y les ofrecía colocar el cielo y las estrellas.
Estos constructores tienen construida una muy eficiente red de agentes serviciales: en el municipio, en los registros, en las notarías, en las comisarías; ellos son quienes emiten informes favorables y quienes “legalizan” lo que está chueco.
Con el pago de una coima se mueven montañas, se tapan quebradas, se compran conciencias y se construyen rascacielos, a vista y paciencia de los informes en contra o de los incumplimientos administrativos, pero siempre hay una mano “amiga” que ayuda siempre al constructor, urbanizador, dirigente.
Gracias a la caduca Ley de Propiedad Horizontal, quien construye pasa a ser el copropietario con la mayoría de las alícuotas y por ende, juez y parte de todo lo que olvidó y no quiso entregar; de igual manera se convierte en administrador, presidente y gran dictador en la comunidad, así no viva en el predio, y exige cuotas extraordinarias para solventar gastos que cuando fue constructor no lo hizo.
Constructores ocasionales o de años se amparan en una Ley de Propiedad Horizontal que desde el tiempo del ex presidente Mahuad no se ha renovado ni se ha generado una discusión en torno a esta normativa que, insisto, le ata de pies y manos al copropietario que tiene minoría, pues aquí rige la ley del que más tiene: influencias, plata para comprar conciencias y para amenazar.
No son todos, pero cuando de ganar más dinero se trata, se olvidan de ética y de humanidad, tan solo quieren seguir medrando a costa de los copropietarios, que no son sus vecinos, y que además, logran fraccionar a la comunidad que vive en el espacio construido, con favores y prebendas para comprar votos: populismo y clientelismo chichero y mafioso.
Es necesario reformar ese cuerpo legal, que beneficia al constructor-copropietario-administrador-rey. Un cambio urgente ya.