Sin política pública de salud mental

César Ulloa

La pandemia desató el nudo que nadie quería abordar: Ecuador enfrenta problemas drásticos de salud mental, comenzando por la inexistencia de una política pública al respecto. De todo se habla, menos de esto. Incluso, se sigue estigmatizando a la gente que consulta psicólogos y psiquiatras como si el alma, las emociones y la inteligencia no necesitarían una profilaxis en términos metafóricos. La evidencia lo demuestra: al 2019, el suicidio en adolescentes y jóvenes entre 12 a 17 años era la primera causa de muerte en nuestro país, según el Observatorio Social del Ecuador.

En cualquier país, la atención a la salud mental advierte cómo los gobiernos cuidan de su gente, porque los trastornos mentales no solo afectan a quienes tienen esa condición, sino también a la familia que, en muchos de los casos, carece de herramientas técnicas y emocionales para encarar la situación. También hay vergüenza en reconocer si algún miembro del núcleo familiar la tiene. Eso explica la necesidad de poner en discusión una política pública que sea integral e integradora, en donde la atención e intervención sea contextual y no solo de manera curativa, sino también preventiva.

Según cifras oficiales, en el primer semestre del 2023 el Ministerio de Salud Pública realizó 600 mil atenciones para problemas de salud mental. Esta cifra no incorpora el trabajo que se desarrolla en el sector privado, por lo cual, la situación es más reveladora de lo que se creía. En ese sentido, daría la impresión que esta dimensión de la salud no solo que estaba invisibilizada, sobre todo era subestimada y menospreciada. Tarea aparte es la visita a los centros de salud mental públicos, los cuales tienen enormes distancias con los privados.

Un tema escalofriante es el económico. Los tratamientos del alma, por así llamarlos, rebasan las posibilidades de una población mayoritariamente, pobre. El ciudadano común no podría resistir con el pago de las consultas y las astronómicas recetas. El Estado en su calidad de rector del sistema de salud desde el ministerio correspondiente debe apuntalar una política más incluyente, universal, oportuna y de calidad. Es el momento.