Seguridad y desarrollo

César Ulloa

No se puede combatir la inseguridad y la violencia sin una estrategia para el desarrollo en simultáneo. Esto significa atender problemas de estructura y coyuntura, lo histórico y también lo cotidiano. No obstante, el plan no es sencillo ni tampoco automático, además de requerir un acuerdo más amplio entre los diversos sectores y dentro de un periodo de largo plazo. Es decir, la construcción de un proyecto país con compromisos, recursos, responsabilidades y evaluación permanente. En los momentos de crisis, las oportunidades se amalgaman para combatir en conjunto el problema común. Ahora, Ecuador atraviesa su peor momento, sin embargo, la misma crisis puede replantear la situación hacia delante en positivo.

Seguridad y desarrollo significa, entre otras cosas y en el marco de un plan más amplio, combatir el crimen transnacional organizado y, paralelamente, recuperar la presencia y la autoridad del Estado en los espacios, en donde las bandas criminales hacen de las suyas, sembrando un clima de terror y desidia. Recuperar la soberanía y el territorio implica implementar los servicios básicos para adecentar la vida de las personas en provincias como Esmeraldas, en donde no hay agua potable, alcantarillado, atención médica especializada, debido a las malas administraciones locales, provinciales y de los gobiernos de turno. En ese sentido, no es difícil colegir que una provincia desmantelada y olvidada sea caldo de cultivo para las mafias.

Un factor esencial para combatir la inseguridad y procurar el desarrollo es la inteligencia multidimensional, porque identifica las causas que provocan los fenómenos que queremos desterrar, pero además las consecuencias económicas, políticas y sociales. Entonces, se necesita una mirada más amplia que no se quede solo en lo criminalístico. De ahí, la exigencia de contar con talento especializado y tecnología de punta en el plano de un trabajo en red y colaborativo con los gobiernos que atacan las mismas problemáticas. Para todo ello se requiere una contribución cívica y proporcional a la condición económica de cada sector, la que debe ser auditada cada tiempo para tranquilidad de todos.