Muy pocos dirigentes políticos se unieron a la marcha convocada por la defensa de Quito a propósito de la amnistía de delincuentes y conspiradores de aquel octubre de 2019. Una protesta latente frente a un actual parlamento incoherente que vive la impunidad como propuesta de Estado. No llama la atención y hasta parece ser reducto para seguir conspirando contra la gobernabilidad de un país asediado por la delincuencia común y el crimen organizado.
Desde que el correísmo perdió legitimidad en las urnas, este gremio delincuencial intenta llegar al control político del Consejo de Participación Social y Control Social, creado por la nefasta constitución orquestada por Rafael Correa en Montecristi. Un organismo que designa las autoridades de evaluación, supervisión y control del Estado: Fiscalía, Contraloría y demás superintendencias. Sin duda la era de la impunidad total y además esencia del “correísmo morenista” que persiste hoy a través de mandos medios enquistados en la administración pública.
En tiempos de guerra, la economía acelera los conflictos sociales y el balance de fuerzas políticas resulta un termómetro de temperatura a ciertos acontecimientos. Es insólito que el juzgamiento del caso Las Torres se difiera por quinta ocasión o que la familia Bucaram no pueda ingresar a los EEUU por retiro de sus visas mientras la justicia local legitima la impunidad y los legisladores aprueban la impunidad de terroristas y secuestradores sin más. Una justicia mediocre dominante que resulta conspirativa también para violar derechos humanos y destruir el bienestar de la ciudadanía.
Al parecer no hay contrapeso en los debates de gobierno y desgobierno. El reclamo de docentes y médicos es cotidiano mientras la autoridad esconde su mirada. Sin duda, la sociedad requiere fuertes cambios pero valdría primero exigir modificar esa posición arrogante de autoridades y medios comunicación. Pues, no es necesario llegar a una polarización como en la era correísta, sino exigir cambios equilibrados y racionales.
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