En Ecuador nos abruma un catálogo de violencia en todas sus formas; muchos sostienen que hay que combatirlo con más policías, más jueces y más fiscales. Una violencia a veces evidente y en otras ocasiones subterránea; no es fácil cerrar las heridas sociales que produce ni borrar sus cicatrices.
No parece que la lamentable situación vaya a cambiar pronto, menos aun echando manos a la fórmula de la masividad. Gústenos o no, la violencia es una constante. Los males sistémicos que la causan están a la vista: pobreza y desigualdad, diversas formas de violencia cotidiana, bandas criminales ligadas a la droga o el tráfico de personas, inseguridad generalizada, estallidos sociales.
Sí, son necesarios más policías, más fiscales, más jueces y mejores cárceles. Sin embargo, a la masividad hay que sumar la calidad moral y psicológica de los policías, fiscales, jueces y carceleros por venir. Lo que requiere de obligaciones jurídicas, morales y políticas.
No saber lo que esto va a durar genera un impacto muy negativo en la ciudadanía, pues la violencia física es clave en la calidad de la vida cotidiana. Nos hemos acostumbrado a convivir con el dolor y el sufrimiento desde tiempos ancestrales. La violencia se considera un comportamiento puramente negativo que destruye la “comunicación social”. También invalida cualquier forma democrática de convivencia.
Todo esto tiene un precio. Pagarlo dependerá de las decisiones colectivas que tomemos hoy y de manejar una información veraz que nos ayude a interpretar el presente de violencia e imaginar un futuro sin ella, o por lo menos estatalmente manejable. Esto obliga a los líderes del país, no importa de qué bando, a que “asuman sus responsabilidades”. Las fórmulas mágicas y prontas, comunes en la historia política y social nuestra, no sirven, no existen.