Cuando el Presidente de la República, apoyándose en el artículo 148 de la Constitución, disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones generales anticipadas, la atmósfera de urgencia era innegable. La autoridad electoral enfrentaba un desafío titánico: organizar, en tiempo récord, la elección no solo de un nuevo binomio presidencial sino también de 137 asambleístas, con la finalidad de restablecer el Parlamento y el sistema de pesos y contrapesos que por esencia garantiza la democracia.
En un proceso sin precedentes, la convocatoria electoral se llevó a cabo en menos de una semana, estableciendo la fecha para las elecciones en menos de 90 días. Este ritmo acelerado permeó todo el proceso: las primarias, el registro de alianzas, la inscripción de candidaturas e incluso la campaña electoral, se comprimieron en plazos de quince días. La velocidad no era caprichosa. Autoridades, organizaciones políticas y ciudadanía entendíamos que era necesario reconstituir un pilar fundamental del Estado que había quedado en el vacío. Todo porque en Ecuador, el Estado de Derecho estaba en pausa.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Código de la Democracia determinan que cuando se realizan elecciones anticipadas bajo el artículo 148 de la Constitución, las autoridades electas deben tomar posesión quince días después de que se proclamen los resultados. Esto pues el legislador valoró la urgencia de reinstalar la Función del Estado que fue afectada con la disolución.
Sin embargo, diecisiete días después de la primera vuelta electoral del 20 de agosto, solo hemos presenciado la proclamación de resultados de los binomios presidenciales y de la consulta popular. Pero, ¿y los asambleístas? El silencio reina, en gran parte debido a la decisión de repetir elecciones en el exterior por problemas informáticos, cuya responsabilidad recae exclusivamente en el Consejo Nacional Electoral.
Es desconcertante la aparente calma con la que se ha abordado la nulidad y la repetición de estos comicios. Esta decisión no solo prolonga innecesariamente la ausencia de un cuerpo legislativo, sino que también menoscaba la esencia republicana del país. La división de poderes está en juego. No podemos normalizar que hoy el Presidente de la República emita leyes sin un proceso de deliberación, o que no exista fiscalización a las acciones de ministros y demás autoridades.
Más allá de las legítimas preocupaciones de las organizaciones políticas sobre posibles alteraciones en los resultados con la repetición de elecciones, es crucial desde una óptica institucional, enfatizar la necesidad de restaurar el Parlamento. Solo a través de un sistema robusto de ‘checks and balances’ podemos aspirar a una supervisión gubernamental óptima y prevenir desbalances de poder.