Alfonso Espín Mosquera
En estos días, la fiscal general de la nación, Diana Salazar, lideró una arremetida en contra de los grupos delincuenciales, que contaminados por el narcotráfico, han filtrado varias estructuras del estado, fundamentalmente en el poder judicial y en la misma policía.
Es absolutamente extraño que los “magistrados”, con un sueldo de aproximadamente cinco mil dólares mensuales, que al año les significarían máximo sesenta mil, sin tomar en cuenta que deben mantener sus hogares, vestirse, comprar medicinas, en fin, puedan ostentar mansiones lujosas, como la del presidente del Consejo de la Judicatura, según imágenes que han circulado en redes sociales, digna de un miembro de la mafia o de algún magnate petrolero, o famoso de Hollywood.
Nos hemos acostumbrado a estas terribles diferencias: una mayoría empobrecida y dedicada a sobrevivir en los niveles de la desnutrición, sin medicinas, ni ropa, vivienda, ni la satisfacción de necesidades básicas y ricachos en cuyas manos está la justicia de los ecuatorianos.
Tampoco es dable que un sentenciado y por lo tanto prófugo de la justicia, les guste o no a sus seguidores, sirva de “campana”, para alertar a los malandrines vinculados a los delitos que hoy la fiscalía les imputa. El hecho de mantenerse refugiado en un país europeo, entre otras cosas, por tener una esposa de ese lugar, no le da derecho a seguir inmiscuyéndose en circunstancias tan delicadas del Ecuador, como estas de desmantelar a las redes del narcotráfico instaladas en nuestro país.
Cabe preguntarnos, por qué lo hace y quién le informa y, en los dos casos, es preocupante la respuesta que se pueda colegir. ¿Qué interés tiene o qué le inquieta si él es un hombre decente y de calidad moral? Por otro lado, a las claras hay un traidor, dentro de la Fiscalía General, que no sabemos a qué precio se presta para el particular.
Después de estas últimas novedades, se explica el apuro de la comisión de fiscalización de la asamblea, por tratar de enjuiciar a la fiscal general y entonces impedir estas medidas.
¡Cuánto hay que celebrar que en el país tengamos a esta mujer valiente, que jugándose la vida de ella y sus familiares, se ponga la justicia al hombro para enfrentar a estas mafias organizadas que se han acomodado en el país!
Es importante, como ciudadanos, vigilar que esta investigación que tiene casi a una treintena de detenidos, entre ellos el principal del Consejo de la Judicatura, no se quede ahí. Es necesario que los jueces en quienes recaigan estos hechos, tengan la voluntad por el país, y por su propia honra, de llegar hasta las últimas consecuencias para que paguen como manda la ley quienes delinquen de esta manera y, al margen de presiones y amenazas, obren y sentencien, pues el Ecuador entero y sus propias funciones necesitan de este baño de moral.
La ciudadanía no puede enfrentarse ni se trata de cuestiones de orden político. Nadie, correístas o anticorreístas, pueden estar del lado del narcotráfico, ni de ninguna forma delictiva, venga de donde venga. Los ecuatorianos no podemos alinearnos por simpatías ni afectos, porque no se trata de encubrir a nadie, sino de que salga a luz la verdad y que la agenda nacional sea la que prime sobre cualquier interés particular o partidista. De lo contrario, no encontraremos la ansiada paz en la que merecemos vivir.