Galarza y Reyes llegaron al Pleno, pese a la sanción. Varios sectores las apoyaron.
Cuando estaba a punto de ser instalada la sesión 495 del Pleno de la Asamblea, la asambleísta Ana Galarza (CREO) se acercó ayer al estrado que ocupa el presidente, José Serrano, de Alianza PAIS. Lo hizo al darse cuenta de que su curul había sido desactivada, luego de que la semana pasada el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) resolvió suspenderla por 10 días por haber tuiteado que este organismo se arrogó funciones en el fallido juicio político contra el exvicepresidente Jorge Glas.
“Se están violando mis derechos y tiene que ser activada mi curul porque yo presenté el mismo día una acción de reconsideración, lo que pone en suspenso esta sanción”, le dijo. Sin embargo, según ella, Serrano solo le contestó que la estima y la respeta.
Galarza aseguró que si no tiene respuesta a este recurso interno, presentará una acción de protección ante la Justicia e, inclusive, podría acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La socialcristiana Cristina Reyes también acudió ayer al Pleno, pese a haber sido suspendida por el mismo lapso, tras haber calificado al máximo organismo de la Asamblea como “el Consejo de Alcahuetería Legislativa” en medio de una entrevista televisiva.
Previamente, madrugó hasta el Complejo Judicial de Quito para interponer una acción de protección, argumentando que sus derechos constitucionales habían sido vulnerados. Para ella, la sanción es “un atentado contra la inmunidad parlamentaria y contra la libertad de opinión”.
“No podemos sentar un precedente nefasto de que las opiniones de los legisladores van a ser censuradas, van a ser silenciadas cada vez que se hiera la hipersensibilidad de un grupo de correístas que deberían poner los mismos esfuerzos para combatir la corrupción”, declaró Reyes.
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sesiones mantuvo ayer el Pleno de la Asamblea.Su coideario Luis Fernando Torres, quien junto a Patricio Donoso, de CREO, votó en contra de que el CAL impusiera esta sanción, le dio la razón al señalar que ambos se opusieron a la medida después de las aclaraciones que ambas hicieron.
A quien no se lo vio por la Asamblea fue a Augusto Espinosa, del grupo correísta, que igualmente fue suspendido por 10 días, debido a que en una de las sesiones del Pleno dijera que la opinión de una colega era irrelevante. Sin embargo, cuando recibió la sanción coincidió con que se trataba de un atentado a la libertad de expresión. Ayer, La Hora intentó obtener una nueva declaración suya a este respecto, pero hasta el cierre de esta edición no atendió las llamadas.
Análisis
Wilfrido Lucero, expresidente del Congreso, concordó con que todo esto es “una medida excesiva porque atenta contra la libertad que necesita el legislador, más que nadie, para poder trabajar, opinar y decidir”.
10
días de suspensión recibieron los implicados. “No puede sancionarse de esta manera a los asambleístas que hicieron juicios de valor sobre otros legisladores. La intolerancia correísta sigue todavía pavoneándose en algunos estratos”, dijo Lucero, para quien lo ocurrido deja “una pésima imagen de la Asamblea”.
No obstante, Soledad Buendía, del grupo correísta y que forma parte del CAL, adujo que “utilizar epítetos y descalificativos no ayuda a valorizar la política”. Por medio de un comunicado, la Asamblea justificó la medida. (RVD)
Sobre declaraciones de Raúl Patiño
° A la Fiscalía del Estado acudió ayer Ana Galarza, asambleísta de CREO, para pedir que inicie una investigación para determinar responsabilidades sobre las declaraciones del exasambleísta de Alianza PAIS Raúl Patiño, quien la semana pasada, en un acto público, aseveró que la bancada oficialista de la anterior Asamblea conocía sobre los hechos de corrupción del Régimen de Rafael Correa, pero que les prohibieron fiscalizar. “Queremos saber quién dio la orden de que no se fiscalizara”, argumentó.