El 19 de noviembre de 2003, en un supuesto asalto a una farmacia. Tres de los sentenciados presentaron el pedido.
La mañana de ayer, frente al Palacio de Carondelet, se realizó un plantón de respaldo a tres policías condenados por el caso denominado ‘González y otros’, que comenzó el 19 de noviembre de 2003, durante un supuesto asalto a una farmacia en Guayaquil, que tuvo como desenlace tres personas desaparecidas y ocho ejecuciones extrajudiciales.
A propósito del plantón, Alejandro Rodas, el abogado Douglas Yépez, Luis Sánchez y Ricardo Llulluma, tres de los condenados, anunció que el martes pasado se solicitó medidas cautelares para sus defendidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Rodas pide la liberación inmediata de los detenidos, que los jueces de la próxima audiencia del 29 de agosto sean especializados en lo penal y que se reincorpore a Yépez a las filas de la Policía, de las que fue dado de baja por “supuesta mala conducta”. Alega que sus defendidos fueron juzgados dos veces, ya que en 2003 un tribunal policial los absolvió y la Constitución prohíbe juzgar sobre el mismo delito.
3
sentenciados solicitaron las medidas. El abogado considera que en este proceso no se respetaron las garantías jurisdiccionales. Además, piensa que el caso fue eminentemente político y tuvo la intención de hacer creer a la ciudadanía que “en el Ecuador anterior los policías desaparecían a las personas y masacraban a los delincuentes”. Por eso pide al régimen de Lenín Moreno, que no intervenga ni a favor ni en contra. “Estamos pidiendo que haya jueces probos, imparciales y autónomos”.
Contraparte
Uno de los abogados de las víctimas de estos delitos, Juan Pablo Albán, declaró que la CIDH ya está en conocimiento del caso, porque en el pasado Dolores Guerra pidió medidas cautelares y existe una denuncia ante ese organismo, por este caso, del año 2005. “Me parece muy improbable que la CIDH esté dispuesta a prestar oídos a una solicitud de medidas cautelares de aquellas personas que han sido sentenciadas como perpetradores de graves violaciones a los Derechos Humanos, que bajo estándares internacionales no pueden quedar en la impunidad”, dijo Álban. (MMD)