La opinión pública se ha centrado en estos días en las recientes acciones de la Fiscalía respecto al Contralor General de Estado y las del Presidente electo, quien tiene por delante la obligación de emprender una política con visión, que emplee su liderazgo en la reconstrucción de un débil Estado. La ciudadanía está harta de su ineficacia y frustrada con la gestión de sus gobiernos. Es un mal endémico que ha sido caldo de cultivo del populismo.
Una búsqueda auténtica, legítima y honrada de cambios estructurales y legales es lo que la ciudadanía espera del nuevo Presidente y su régimen. Hay mucha confusión, en virtud de la gestión caótica de los últimos catorce años. Reina el desconcierto ciudadano y la penosa imagen de una raigal corrupción institucional. A esto se añade el estrés prolongado e imprevisible de la pandemia que azota al planeta.
Estos son los problemas fundamentales que minan la calidad de la democracia y abonan la desconfianza. En consecuencia, la búsqueda de consensos para favorecer las interacciones sociales y económicas no puede quedar en la retórica, o en la torpe conservación del poder. Es indispensable la colaboración de todos, pues la democracia alcanza sus máximos cuando prevalece el respeto hacia sí mismo y los otros.
Esta agónica crisis, sin embargo, representa una extraordinaria oportunidad para cambiar. Una apelación a la ética del esfuerzo debería ser la consigna ante la catástrofe ética que vivimos en la política doméstica e institucional. Un esfuerzo, de forma constructiva, sin más límite que la sincera lealtad a la propia conciencia. Hoy más que nunca antes se necesita un sistema judicial independiente.
Tampoco es valedera la costumbre de culpar a otros de nuestras ineptitudes y debilidades, bien sean gringos o chinos, y de la falta de confianza en nosotros mismos. Acabemos de una vez con la cultura de la lástima, tan trajinada a lo largo de nuestra historia latinoamericana. Continuar con un Estado débil y un gobierno afincado en una retórica engañosa y edulcorada, no llevará nunca a Ecuador por el camino de una democracia real y eficaz, y de un armónico desarrollo económico y social.