Wellington Toapanta
Ficticio es el sistema de partidos y movimientos políticos ecuatoriano que, sin control, ambula en Ecuador, dando la espalda a la población, promoviendo intereses particulares. Para las 279 organizaciones registradas en el Consejo Nacional Electoral, las disposiciones constitucionales y legales, que las regulan, son letras muertas.
Nominalmente, el sistema tiene 6 partidos políticos, 11 movimientos nacionales, 69 provinciales, 174 cantonales y 19 parroquiales. Casi todos incógnitos.
Jactanciosamente, la vituperada Constitución prescribe que partidos y movimientos “constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo”, pero se esfuerzan por montar algarabías y manipular la ‘democracia’ con sesgados intereses para usufructuar del Estado.
También se estampa que la “organización, estructura y funcionamiento serán democráticos y garantizarán la alternabilidad”; ficticia es la “conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas” e ilusorio que “seleccionarán a sus directivas y candidaturas mediante procesos electorales internos o elecciones primarias”.
Está abierto el proceso electoral. Ninguno ha convocado a afiliados y adherentes a elecciones primarias. El padrón es quimera. Cazan presidenciables, hurgan postulantes para la Asamblea Nacional. Les es difícil, cuando no imposible, ser “pilar para construir un estado constitucional de derechos y justicia”, que les endosa el Código de la Democracia.
Más: son lejanos a “representar a las diferentes posiciones e intereses que se expresan en la sociedad”; tienen limitaciones para “seleccionar y nominar candidatos para puestos electivos” e incapaces de, conscientemente, “movilizar y promover la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos”, pero destilan “democracia”.
La mayoría de precandidaturas presidenciales exhala tufo; solo uno, por formación propia, luce credenciales anticorrupción, política de profunda incidencia en gestión del Estado. Partidos y movimientos esquivan formar a “sus miembros para el ejercicio de funciones públicas en cualquier nivel de gobierno”, prescinden de “contribuir en la formación ciudadana y estimular la participación del debate público”.
Son hitos de la fantasía electoral ecuatoriana. Ningún precandidato presidencial milita en las organizaciones legales auspiciantes. Son albergues políticos. Como para enfrentar inseguridad, desempleo y otros padecimientos nacionales, urgen cambios profundos en el sistema de partidos y movimientos políticos. Reemplazar la desatinada Constitución y su ordenamiento secundario es inaplazable.