Wellington Toapanta
Desde 2007, Jorge Glas, es protagonista de noticias en el Ecuador, desde funciones como presidente del Fondo de Solidaridad, ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, ministro coordinador de Sector Estratégicos, vicepresidente de la República.
Ha dejado huellas de impacto a la sociedad ecuatoriana. Por cierto, nada halagüeñas, según informes de investigaciones periodísticas y judiciales a las funciones desempeñadas desde 2007 hasta el 6 de enero de 2018.
Jorge Glas Espinel tiene tres juicios condenatorios: a 6 años de prisión por el caso Odebrecht, a 8 años de prisión e indemnización por el caso Sobornos y 8 más por el caso Singue (revocado en casación).
El 13 de diciembre de 2017 fue sentenciado por delito de asociación ilícita en el caso de la constructora brasileña Odebrecht y condenado a seis años de prisión. Por este proceso perdió su condición de Vicepresidente de la República. Se declaró su ausencia definitiva porque estuvo detenido más de 90 días por orden judicial, dentro del citado proceso.
El 7 de abril de 2020 adicionó otra a 8 años de cárcel como coautor de cohecho pasivo agravado, junto al expresidente Rafael Correa. La sentencia dice que lideraron una estructura criminal que recibía pagos de contratistas privados a cambio de adjudicaciones en contratos del sector público.
Glas Espinel, a través de diversos abogados y jueces, ha buscado formas para obtener su libertad, invocando derechos humanos, aunque sus acciones, procesadas, lo revelan como sistemático contradictor, de esos derechos, para la sociedad ecuatoriana.
Un solo ejemplo es la fallida y multimillonaria “repotenciación” de la refinería de Esmeraldas. Desbordó los marcos legales y principios éticos que estaba obligado a respetar y observar. Quien transgrede normas viola derechos humanos; en el caso, los afectados son más de 18 millones de ecuatorianos.
En la intermitencia por lograr su libertad, Glas Espinel y sus abogados no cesan de expandir huellas irregulares, al menos sospechosas; no pocos se preguntan si sus movimientos tendrían relación con los del crimen organizado que mantiene tenso al país.
El nuevo juez penal, multicompetente, de Santo Domingo de los Tsáchilas, exhibe una opaca hoja de vida de servicio judicial. Revelan medios de comunicación. Su origen se relaciona a 2015, cuando la administración de justicia se “impartía” desde el Palacio de Gobierno.
La última resolución de libertad tendría vicio de jurisdicción. La cárcel 4 ubicada en Quito no está en Santo Domingo de los Tsáchilas; no existe registro de que el reo haya sido evaluado sobre su estado de salud, de amenaza contra su integridad.
El juez ha concedido medidas cautelares a una empresa en conflictos con un municipio de Manabí; ha ordenado libertad para dos delincuentes sentenciados, en firme, por asesinato y otros delitos.
Glas tiene sentencias de cárcel para 14 años, indemnizar al Estado con $8,2 millones. ¿Se configura una operación judicial del crimen organizado?