Diego Geovanny A. T., fue condenado a siete años de prisión como autor directo en el delito de estafa masiva a través de una supuesta inmobiliaria.
La defensa del sujeto interpuso una apelación, pero la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua rechazó este recurso y ratificó la condena, ahora se confirmó también el pago de 9 mil dólares de multa y que se devuelva el dinero entregado a cada una de las 47 víctimas del hecho, suma que asciende a miles de dólares.
DATO El delito de estafa está tipificado en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal y se sanciona con una pena privativa de libertad de cinco a siete años.
El caso
La estafa se dio contra 47 personas, quienes desde el 2007 entregaron altas sumas de dinero para supuestas reservas de bienes inmuebles.
En la audiencia de apelación a la sentencia, el fiscal del caso señaló que, en primera instancia, se demostró la materialidad y la responsabilidad del sentenciado, con abundante prueba testimonial, documental y testimonial.
Además, las pericias grafotécnicas permitieron determinar que las firmas encontradas corresponden a las del sentenciado y su hermano.
La Sala Penal de la Corte Provincial acogió el pedido de Fiscalía ratificando la sentencia condenatoria de Diego Geovanny A. T.
Este proceso penal obtuvo resultados mucho después del cometimiento del delito, ya que se encontraba prófugo de la justicia, a diferencia de su hermano, Daniel Renato A. T., –también implicado en el caso– quien ya fue sentenciado en 2020.
Según lo informado en la audiencia, en 2007, los hermanos Daniel Renato y Diego Geovanny A. T. abrieron un local inmobiliario, ubicado en la avenida Víctor Hugo y calle Arosemena, en Ambato, con el nombre de ‘Inmobiliaria Imperio’.
CIFRA 47 PERSONAS Habrían sido víctimas de los hermanos implicados en esta estafa inmobiliaria.
Modus operandi
Su modo de operar consistía en buscar inmuebles que estaban en oferta (dentro de Tungurahua) para venderlos. Sus trabajadores captaban a los dueños de los inmuebles para suscribir un contrato, con el fin de que la inmobiliaria se encargue de las ventas por medio de publicidad en diferentes medios de comunicación.
Las víctimas eran ciudadanos que buscaban una vivienda o terreno propio y acudían a la inmobiliaria para solicitar la reserva del inmueble entregando sumas de dinero.
Sin embargo, tiempo después lo perdían por presuntos incumplimientos, ya que sus contratos incluían cláusulas fraudulentas. (FCT)