Si en el pasado existían enormes limitaciones para conformar equipos
técnicos sólidos y solventes en la administración pública, no cabe duda de
que la situación se ha hecho mucho más complicada en la actual gestión
gubernamental por tratarse del primer eslabón de un nuevo ciclo político en
el país.
En los procesos de selección y designación de funcionarios públicos, el
dilema entre lealtad e idoneidad -que deben confrontar los políticos en el
manejo de la cosa pública-, no es nuevo.
Al respecto, un ex dictador convertido posteriormente en Presidente
democráticamente electo declaró que prefería un gramo de lealtad a una
tonelada de inteligencia. Una fórmula que probablemente le rindió ciertos
frutos en tiempos de dictadura, cuando gobernaba sin contrapesos
institucionales, sin medios de comunicación, sin ningún tipo de control
social y en un contexto de elevados ingresos públicos, producto de altos
precios de las materias primas de exportación y de excesivos niveles de
endeudamiento externo. Sin embargo, en tiempos de democracia la aplicación
que hizo de esa fórmula estuvo asociada a bullados casos de ineficiencia y
corrupción.
La designación de una persona leal, pero carente de idoneidad para el
ejercicio de un determinado cargo público, tarde o temprano tendrá
consecuencias negativas para el propio responsable de la designación y para
la correspondiente gestión gubernamental. Ese tipo de designaciones sólo
podrían generar beneficios personales, pero en ningún caso frutos de
carácter institucional o colectivo.
Considerando los múltiples condicionamientos políticos e inclusive
familiares que acompañan la gestión pública, la resolución del dilema
planteado constituye una tarea difícil, pero ineludible.
Una forma de encarar el problema puede darse a partir de la definición de
áreas estratégicas de una gestión gubernamental que deberían ser
resguardadas respecto de un manejo improvisado e ineficiente. En ese
sentido, daría la impresión de que el actual Gobierno ha tomado ciertas
providencias con relación al sector financiero y la hacienda pública, pero
que ha descuidado otras áreas como la de DEFENSA.
De igual manera, a través de una adecuada composición de los equipos de
servidores públicos se puede resolver ciertos problemas asociados al dilema.
Así, en los casos en que la cabeza de una institución pública, por diferente
motivos, no puede ajustarse al perfil técnico deseado, se debe asegurar
idoneidad en los siguientes niveles de dirección.
Si se tiene en cuenta que el proceso mismo está en juego a través de la
manera en que se encare el dilema planteado, su resolución debería ser de
alta prioridad para la actual gestión gubernamental.
Patricio Varsariah.-
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