El deterioro de la calzada causa malestar a los comuneros, quienes denuncian que les han solicitado dinero para su reparación.
Después del cierre de la Alóag – Santo Domingo por el colapso del puente sobre el río Lelia y los deslizamientos de tierra en el kilómetro 83, el Gobierno Provincial ha habilitado rutas alternas que pasan por recintos de la parroquia Alluriquín para la movilización de vehículos pesados y livianos.
Sin embargo, estas vías de tercer orden, además de ser angostas, no han recibido el mantenimiento necesario para permitir la circulación diaria de vehículos, lo que está generando más complicaciones en la infraestructura vial del área rural.
Por ejemplo, el recinto Ecuador, con 15 kilómetros que comienzan a 300 metros del peaje y llegan hasta La Florida, no ha sido intervenido en un año, ocasionando que el paso de carros empeore las condiciones de la carretera.
Elena Segura García, integrante de la directiva del recinto, muestra su indignación ante la falta de respaldo al sector rural. Se opone firmemente al llamado a los comuneros para que aporten con cinco dólares con el fin de adquirir material y realizar el mantenimiento.
«Nos negamos rotundamente, ya que es responsabilidad del Gobierno Provincial asegurar los recursos necesarios y mantener en condiciones adecuadas las vías alternas», afirmó la líder.
Desde la dirección de comunicación del Gobierno Provincial, se informó que cada vez que se extrae material de la mina para el mantenimiento vial se debe cancelar cinco dólares. Asimismo, se indicó que la falta de liquidez de la institución ocasiona que muchas veces no se pueda cubrir estos rubros.
EL DATO En algunos puntos de la provincia Tsáchila, ya se han presentado medidas de resistencia para oponerse al paso de vehículos pesados.
Tinalandia
Otro sector afectado es el recinto Tinalandia, donde existe la preocupación de que un puente badén construido hace ocho años pueda colapsar debido al tráfico de vehículos pesados.
Roberto Mendoza, comunero, señaló que si el puente colapsa, alrededor de 200 familias se quedarían sin acceso. Considera necesario que se realice una intervención o que personal de tránsito supervise para permitir el paso controlado de vehículos.
La prefecta Johana Núñez subrayó que anualmente activan un plan de contingencia y asignan los recursos económicos para las intervenciones, siempre y cuando el Gobierno Nacional proporcione los fondos necesarios. (CT)
Afectación Las denuncias también se originan en los recintos Tinalandia y La Montufar, donde los moradores indican que hay puentes y alcantarillas colapsadas debido al paso de vehículos pesados.