El SNAI pide la nulidad de la liberación de Glas, su regreso a la cárcel y la destitución del Juez de Manglaralto

El domingo 10 de abril del 2022, Jorge Glas fue recibido por correístas en el Coliseo River Oeste. API

La apelación y pedido de nulidad del habeas corpus busca el inmediato regreso del exvicepresidente a la cárcel de Latacunga y la destitución del Juez de Manglaralto. 

La apelación y pedido de nulidad del hábeas corpus de Jorge Glas, de 14 páginas, dice que el Estado quedó en indefensión. Busca el inmediato regreso del exvicepresidente, Jorge Glas, a la cárcel de Latacunga y la destitución del Juez de Manglaralto. Conozca los detalles.

La apelación total a la sentencia y la nulidad procesal fue dirigida al cuestionado juez de Maglaralto, Diego Moscoso Cedeño. La firmó Lorena Merizalde, directora de Asesoría Jurídica del SNAI.
El Juez, en su sentencia, dijo que verificó tratos inhumanos y degradantes, con los que se vulneró el derecho constitucional a la integridad personal del exvicepresidente correísta, Jorge Glas. Con esto dispuso la inmediata libertad, que está sentenciado en dos causas y una más que está en apelación. Las dos primeras ejecutoriadas, por el caso Odebrecht y otra por el caso Sobornos; y la última por el caso Singue.
Moscoso dispuso la presentación de Glas el primer lunes de cada mes en la Corte Provincial de Guayas y la prohibición de salida del país, hasta que terminen sus penas.

Los argumentos

Merizalde, en el documento, asegura que el Juez de Manglaralto, al decidir la libertad de Glas, ha dejado en “clara indefensión no solo a esta entidad, sino también al Estado ecuatoriano”.
Como sustento del pedido, ella asegura que hay anomalías en el sorteo de la causa, ni siquiera existe respaldo de la presentación. La acción se impulsó desde el siete de abril de 2022, a las 23:44. Al día siguiente, se agendó la audiencia, sin que existan registros del sorteo de la causa. Esto “genera total incertidumbre respecto a la transparencia del proceso judicial y legalidad del mismo”, dice el pedido de apelación y nulidad.
En el documento se indica que la peticionaria Nicole Malavé, una leal coidearia de Glas, asegura que no conocía el paradero del exvicepresidente y por eso presentó la demanda en Santa Elena, pese a que estaba detenido en la cárcel de Latacunga, lo que era de conocimiento nacional.
Merizalde asegura que el Juez Moscoso debió declarar la incompetencia, pero continuó el proceso, lo que es ilegal. ¿Por qué? Glas se conectó a su audiencia desde la propia cárcel de Latacunga, por la plataforma de Zoom. Es decir, se conocía su paradero.
Otro argumento es que Glas tiene una causa pendiente, y sin sentencia ejecutoriada en su contra. Está es una nueva ilegalidad, asegura el SNAI, ya que la misma Corte Constitucional ya dispuso que la figura de habeas corpus procede únicamente cuando las sentencias estén ejecutoriadas.
Todo esto atenta contra el debido proceso, la seguridad jurídica del Estado, la adecuada administración de Justicia, alega la Directora Jurídica. La consecuencia de esto es la vulneración del derecho constitucional a la igualdad de toda la población penitenciaria.

Testimonios insuficientes sobre enfermedades

Sobe la salud de Glas, el SNAI asegura que los testimonios de los supuestos afectados eran insuficientes para otorgar la libertad. “No se demostró que el padecimiento de sus enfermedades constituye un riesgo inminente, pues no se acredita una enfermedad catastrófica o de carácter terminal, más bien se demuestra que se han otorgado las atenciones médicas y psicológicas al PPL. Bastaba revisar para tales efectos, el procedimiento dentro del habeas corpus presentado por el Sr. Jorge Glas Espinel, respecto al caso denominado Singue”, dice el escrito, que llegó al Juzgado el jueves
14 de febrero, antes de las 17:00. Por este motivo, Merizalde dice que el proceso debe ser declarado nulo.
El SNAI, ya vigilado desde lo más alto del poder político, pide que se deje sin efecto la sentencia del habeas corpus y se declare la nulidad de todo el proceso. Además, por todas las anomalías relatadas en las 14 páginas del escrito, que el Consejo de la Judicatura analice la actuación de los funcionarios judiciales implicados ya que se cometió una infracción disciplinaria. También se solicita la destitución de todos los participantes.