Las consecuencias del silencio de la Justicia electoral en el caso Yunda pueden afectar la propia gestión del Municipio de Quito.
Quedan tres días para las elecciones del domingo, 5 de febrero de 2023, y la indefinición de las sentencia contra el candidato Jorge Yunda por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) podría acercar a Quito a un verdadero caos institucional. Yunda perdió sus derechos políticos pero el fallo no está vigente.
Ante la actual situación, las candidatas Jessica Jaramillo y Luisa Maldonado firmaron un comunicado conjunto en el que advirtieron las graves consecuencias que generarían a la capital el posible triunfo de Yunda y, ya sentado en la Alcaldía, la ratificación de la sentencia le impide ejercer sus derechos ciudadanos.
El abogado y experto en temas electorales, Medardo Oleas, puntualizó a LA HORA que “el asunto es muy complicado desde todo punto de vista, porque se permitió que él participe, de ganar la elección y, de ratificarse la sentencia, él no podría posicionarse, porque la pérdida de los derechos de ciudadanía, le impide ejercer la función pública”.
Indicó que dentro del Código de la Democracia, no existe un mecanismo que permita la anulación del proceso por estas causas. Por esto se iniciaría un proceso en el que serían los concejales quienes designen a un vicealcalde, para que este asuma las funciones ejecutivas municipales.
Para Oleas, “no es correcto que nosotros elijamos a un Alcalde y después se posicione otra persona, porque además se eligió para ser concejal y no para ser Alcalde”.
Al ser consultado sobre la opción de repetir las elecciones, el abogado fue tajante: no hay ninguna posibilidad. “La alternativa es que los ciudadanos, analizando la situación, voten por un candidato que no tenga problemas”.
Llamados al TCE para que actúe
Las candidatas Maldonado y Jaramillo le dieron un plazo de 24 horas al TCE para que resuelva la situación, con la ratificación de la sentencia que suspende los derechos constitucionales de Jorge Yunda. Tiempo que se cumplió ayer, sin respuesta del TCE.
Ambas indicaron que no se impugnó la candidatura en un primer momento, porque se esperaba una respuesta a los recursos ejercidos ante ese despacho.
Estos son los recursos de aclaración o ampliación. Aunque deben ser resueltos en tiempos perentorios, según lo dispuesto en los reglamentos, ya han pasado más de cuatro meses.
La situación estaría violentando el artículo 217 del Reglamento de trámites del TCE que reza “El juez o el Tribunal que dictó el fallo, resolverá el recurso horizontal dentro de los dos días contados desde la recepción del escrito en el despacho”.
La falta de respuesta por parte del TCE, es catalogada por el abogado Oleas como un “desacierto y una irresponsabilidad”.
Indicó que ante la solicitud realizada por las candidatas, la respuesta debe ser “inmediata, es decir hoy (martes), ni siquiera mañana, hoy para que se pueda publicar esa resolución” e informar de forma oportuna a la ciudadanía, y así puedan escoger una opción que sí pueda ejercer el cargo.
Ayer, Luisa Maldonado no respondió a los requerimientos de LA HORA sobre el comunicado y los pasos a seguir, pese a las llamadas.
‘Proceso burlado’
Oleas apuntó las posibles consecuencias para la ciudad y para el sistema democrático del país, de mantenerse el silencio de la Justicia electoral.
“El proceso democrático sería burlado por un desacierto irresponsable del TCE que no pudo resolver un recurso en dos días, como lo manda la ley. Es el rompimiento legal de lo que sería el principio democrático, de elegir un Alcalde y que se posesione otro. No pueden entrar por la ventana”, reclamó el jurista.
A su juicio, “las consecuencias son impredecibles, incontrolables y afectarán la buena marcha municipal”.
En su comunicado, las candidatas Jaramillo y Maldonado señalan que si el TCE no da respuesta sus integrantes podrían incurrir en el delito de “inobservancia” de la ley, al permitir una participación con “dudas de legalidad”. (ILS)
Segunda vuelta para alcaldes
El experto electoral, Medardo Oleas, se unió a las voces que solicitan una reforma para que se aplique la doble vuelta electoral a la designación de los alcaldes.
Oleas, indicó que aunque es una acción a futuro, la medida del balotaje beneficiará a la ciudadanía y fortalecerá al poder municipal.
Puntualizó que “dentro del proyecto que nosotros presentamos buscamos dar una solución a los conflictos que se generan cuando los alcaldes son electos con el 20% de la votación”.
Agregó que la medida evitará que “entren alcaldes sin legitimidad y sin el respaldo de la ciudadanía que le permita ejercer la función pública de forma adecuada. La propuesta es que sí los candidatos no tienen más del 40% de la votación se vaya a una segunda vuelta”.