Marco Proaño Durán, delegado del Procurador General del Estado, presentó el recurso de apelación al habeas corpus que fue concedido a Jorge Glas.
El pleno de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena sorteó, este 5 de mayo de 2022, el tribunal que conocerá el recurso de apelación que interpusieron el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y la Procuraduría General del Estado (PGE).
Ambos organismos se unieron para revocar la decisión de Diego Moscoso, juez de la Unidad Multicompetente de Manglaralto, quien favoreció a Jorge Glas, exvicepresidente de la República, con un recurso de habeas corpus.
Este fallo de Moscoso -quien fue suspendido en sus funciones el 26 de abril por el Consejo de la Judicatura (CJ)- permitió la salida de Glas del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi No.1, el 10 de abril de 2022.
El tribunal de la Corte de Santa Elena, que deberá sustanciar los pedidos de apelación, está integrado por Silvana Caicedo Ante, como jueza ponente, y los magistrados Klever Franco Aguilar y Juan Camacho Flores. En las próximas horas, los jueces deberán definir día y hora para la instalación de la audiencia, y la convocatoria a las partes procesales.
Objetivo claro
El Estado une sus esfuerzos para que el exvicepresidente -quien ejerció este cargo durante el correísmo- vuelva a la cárcel y termine de cumplir su pena de seis años por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, y de ocho años por el caso “Sobornos”.
Iñigo Salvador, titular de la PGE, afirmó que el mismo día que el SNAI incorporó el recurso de apelación al fallo de Diego Moscoso, la Procuraduría “hizo lo mismo, y muy pronto será sustanciado ante la Corte de Santa Elena”, puntualizó.
El abogado del Estado consideró que será “muy distinto” presentar un recurso ante un tribunal de nivel superior (Corte Provincial), que plantearlo ante un juez de una unidad ubicada en un cantón apartado de Manglaralto.
‘Sentencia ilegal’
Según Salvador, los argumentos que presentará la Procuraduría en la audiencia son “sólidos” y “absolutamente contundentes». Esta autoridad subrayó que, si los magistrados de la Corte de Santa Elena emiten su decisión con estricto apego a derecho. “El señor Jorge Glas tendrá que volver al Centro de Rehabilitación de Cotopaxi (a seguir cumpliendo su condena)”, sentenció.
Salvador prefirió no adelantar la estrategia que tiene planificada como Procuraduría para evitar perder el “efecto sorpresa”, pero anticipó que una de las pruebas que sustentará es que la PGE tuvo que haber sido citada a la audiencia de habeas corpus en Manglaralto, cosa que no ocurrió. “De modo que por ese lado existe, claramente, una causal de nulidad de todo el proceso”, añadió.
“Es claro que el juez de Manglaralto dictó una sentencia de habeas corpus ilegal”, mencionó.
‘No es competente’
María Lorena Merizalde, directora de asesoría jurídica del SNAI, argumentó que el accionante ( Jorge Glas) -hasta antes de salir en libertad-, permanecía en la cárcel de Cotopaxi y en ningún momento demostró estar recluido en otro centro de privación, por lo que el juez de Manglaralto, Diego Moscoso, no es competente (en función del territorio) para conocer la causa.
La asesoría jurídica del SNAI agregó que sobre el exvicepresidente pesan dos sentencias condenatorias ejecutoriadas por haber sido encontrado culpable del cometimiento de los delitos de asociación ilícita y soborno, por lo que la acción constitucional de habeas corpus deviene como “improcedente”.
Merizalde también observó que la acción de habeas corpus es procedente para corregir situaciones lesivas al derecho a la salud de la persona privada de libertad.
“Por regla general, el efecto que persigue el habeas corpus en estos casos no es la libertad de la persona, sino corregir actos lesivos en contra del derecho a la integridad de las personas privadas de libertad por falta de acceso efectivo a servicios de salud”, resaltó.
Continúan embargados
Iñigo Salvador corroboró que tras el pedido de Cinthia Díaz Aveiga, esposa de Jorge Glas, de levantar la prohibición de enajenar bienes, estos continúan embargados.
“Por más que no sea el señor Glas el que aparece en los documentos del registro de la propiedad, sino su señora esposa y sus hijos, (el departamento ubicado en Atacames, Esmeraldas), sigue embargado”, enfatizó.
Con estas acciones la Procuraduría busca cubrir parcialmente el monto fijado en la sentencia del caso de corrupción Odebrecht y que la Justicia le dispuso que pague $7.5 millones al Estado
Los bienes en disputa son un departamento (A10), una bodega (No. 115) y un parqueadero (No. 126) ubicados en la urbanización Huertos Familiares en Atacames. (SC)