Un total de 6.254 créditos educativos vencieron entre 2010 y 2023. Con el decreto de ley anunciado por el Gobierno se propone condonar los intereses. ¿Quiénes serían beneficiarios?
El nuevo decreto de ley emitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, pretende dar un alivio financiero a quienes obtuvieron un crédito educativo que luego se transformó en una pesada carga.
Es el caso de Ricardo Gómez (27 años), quien sacó un crédito educativo de $24.150 para hacer un posgrado en pedagogía, pero deberá pagar más de $21.000 por los intereses durante 15 años. Al final, sus estudios costarán $45.300, es decir, casi el doble de lo que le prestaron para especializarse.
Con los créditos educativos, quien se especializa y logra tener un empleo adecuado debe destinar más del 43% de sus ingresos para saldar esa ayuda. El problema es que quienes no logran cubrir las cuotas generan una deuda que con el tiempo crece como una bola de nieve.
Actualmente, en Ecuador hay 6.254 personas que tienen deudas por créditos educativos que se obtuvieron desde 2010.
La nueva ayuda
Según lo previsto, el decreto ley permitirá que quienes obtuvieron un crédito educativo puedan “insertarse en la vida productiva sin tener una coactiva en sus espaldas. No solo beneficiamos a los jóvenes estudiantes, sino también a las madres y padres de familia”, dijo Lasso.
Así, el decreto emite medidas como la condonación de intereses y recargos para estos deudores con créditos en mora, así como la condonación total de deudas vencidas para personas con discapacidad.
También plantea mejorar las condiciones para la firma de convenios de pago de créditos educativos en mora. En total, la ayuda a los beneficiarios representaría cerca de $21 millones.
Tasa de morosidad
Desde 2020, con la pandemia por COVID-19, el empleo adecuado bajó y, desde entonces, la morosidad en créditos educativos se ha cuadruplicado: la tasa en la banca privada, desde ese año hasta 2023 es de 11,2%. Mientras que la tasa de créditos es de 3,3%.
¿Quiénes se beneficiarían?
Los beneficios del Decreto no se aplicarán a todos, sino a quienes son deudores (créditos vencidos o coactivas) de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
Por ende, los beneficiarios serían personas que se endeudaron cuando todavía existía el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE), que dejó de funcionar en 2015. Desde entonces, la cartera de esos créditos es de competencia de la Senescyt. (AVV)
Beneficios de la ley
El decreto ley plantea seis medidas:
1 Condonar intereses, además de los recargos, como multas, costes y gastos administrativos a todos los deudores de Senescyt con créditos vencidos.
2 Permitir que unas 3.922 personas con deudas educativas vencidas, que no podían acceder a acuerdos de pago, puedan solicitarlos.
3 Otorgar un período de gracia de seis meses en las cuotas para los deudores que estén desempleados.
4 Condonar la totalidad de la deuda vencida o en convenio de pago a los clientes o sus cargas familiares que tengan una discapacidad igual o mayor al 76%.
5 Las deudas que entren en acuerdos de pago no se reportaron en el buró de crédito.
6 Flexibilizar las garantías exigidas a los deudores con acuerdos de pago vigentes y para los que quieran firmarlos por primera vez.
¿Cuándo se podrá acceder?
Todo dependerá de que la Corte Constitucional apruebe el decreto ley. Si eso pasa, los beneficios entrarán en vigencia de manera automática.
Una vez que la ley se apruebe, los deudores tienen que presentar una solicitud a la Senescyt y correrán dos meses para emitir un reglamento en el que detalle los requisitos y documentos para acceder a los beneficios.
Quienes tenían convenios de pago vigentes podrán solicitar –por una sola vez una renovación–, con las nuevas condiciones que determina el decreto.
Los créditos educativos son de los que tienen mayor riesgo de no pago o mora.