Jorge Guamán fue detenido por casos de delincuencia organizada, concusión, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y otros.
Jorge Guamán es un político relevante en Cotopaxi, en especial para la Conaie y Pachakutik. Fue un pilar en el paro nacional de junio. De hecho, su participación en la revuelta es investigada por la Fiscalía.
Hace dos semanas, Guamán dijo que no tenía nada que ocultar en su vida pública y privada. “Que me investiguen todo, absolutamente todo. Si quieren investigar, jamás de los jamases van a encontrar una idea, un trabajo ilegal o disperso”, señaló en una entrevista televisiva.
Pero ayer fue detenido. Y no por su participación en el paro nacional, sino por supuestos delitos relacionados con delincuencia organizada, concusión, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y otros.
Guamán, quien también fue diputado, fue detenido en su vivienda con fines investigativos, pero también otras ocho personas, entre ellas su esposa y parte de su círculo de confianza en la Prefectura. Además, se realizaron 32 allanamientos a viviendas y oficinas públicas para recoger más evidencias.
La Policía investigó su actuación desde hace más de un año. De hecho, por fuentes policiales, se supo de los indicios de malos manejos en una Prefectura relacionada con el movimiento indígena, antes de la revuelta de junio.
La investigación policial es amplia. Fuentes relacionadas con la indagación informaron que en el operativo, llamado ‘Depuración I’, se incautaron 24.000 dólares, pero los movimientos de la red “ascienden a millones de dólares”.
Según la investigación, a la que accedió LA HORA, Guamán habría liderado una estructura delictiva que direccionaba los contratos públicos y cobraba dinero por cargos en la misma Prefectura, desde su primer período en 2014. Además, utilizaba a terceras personas para ocultar el incremento patrimonial, departamentos de lujo y vehículos de alta gama.
Familia involucrada
Según Inteligencia policial, todo empezó en la campaña electoral de 2014, cuando recibió ayuda logística y dinero. Luego esos aportantes recibieron cargos en la Prefectura para facilitar la contratación ilícita de obra pública.
Uno de los detenidos, Santiago S., es un reconocido constructor de Latacunga, especializado en agua y riego, que habría conseguido contratos a cambio de sobornos en la Prefectura, pero también en la Alcaldía de Latacunga, asegura la Policía.
La esposa de Guamán, Eloisa T., afirman los investigadores, se encargaba del cobro de dinero por cargos y por los contratos. Con ese capital compraban bienes a nombre de terceros, en especial su colaborador más fiel, Pablo V., de la Dirección de Compras Públicas, quien también está detenido.
Incluso, la hija del Prefecto “coordinaba con las empresas privadas para la adjudicación de contratos recibiendo grandes cantidades de dinero, que, de la misma manera, terminaba en bienes a nombres de testaferros”, dice el informe. Los investigadores destacan que ella realizó varios viajes de turismo a diversos países en el mundo con el dinero ilegal.
La Policía también cree que, desde el primer año de su gestión, dispuso los cobros de diezmos para aportaciones del MICC y la Conaie. Por esos ingresos adquirió propiedades, una envasadora de gaseosas y es socio mayoritario de una cooperativa de ahorro y crédito, que tiene varias sucursales en el país, aseguraron las fuentes policiales.
La audiencia de formulación de cargos, por supuesta delincuencia organizada, estaba prevista para las 23:00 de ayer. (DLH)
La reacción de la Conaie y la respuesta del Gobierno
Zanaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie, dijo este 28 de julio de 2022 que el Prefecto es parte del movimiento indígena y que el Gobierno debe deponer las actitudes mientras están sentados en la mesa de diálogo. “Como mujer, como amazónica, conocedora de la realidad, el Gobierno debe deponer actitudes y dar paz al país”, señaló.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo, en su cuenta de twitter, que el caso del Prefecto de Cotopaxi “levanta una alerta y un llamado a la Justicia para no dejar estos hechos en la impunidad. Los cargos públicos deben ser honrados”.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que el caso de presunta corrupción contra el Prefecto Guamán es “sólido” y no hay persecución política.