La semana ha sido muy histórica: el Vicepresidente y un grupo de sus colaboradores han sido sentenciados a prisión por corrupción. Si bien la ciudadanía está satisfecha, se espera que sea solo el comienzo de la cacería. La corruptela en torno a Glas y los sectores estratégicos no es todo. Es lamentable, pero cierto, lo que el presidente Moreno afirmó: en contratación pública, donde se ponga el dedo brota pus.
Los escándalos de manejos arbitrarios en los medios públicos incautados han superado las expectativas de los más críticos. La impunidad es consustancial a la corrupción y en la comunicación la cuestión está hoy en la propia Superintendencia: tiene un superintendente no solo parcializado, sino lo siguiente; y lo secunda una ley que impide que realice lo que se conoce como el debido proceso: que la parte acusatoria no sea la misma que procesa y dicta sentencia.
Esto es tan ridículo como que un estudiante saca mala nota y como revancha hace una denuncia al profesor; el mismo estudiante la procesa y le sanciona, con la única prueba de su propio testimonio. Así se han realizado cientos de sanciones a todo medio que no pusiera noticias al gusto del mandatario autoritario de los últimos 10 años y sus corifeos.
Pero el superintendente tenía un pasado. Según la Contraloría, no solo tuvo ingresos abusivos en un medio incautado con dineros públicos, también se llevó un carro del canal sin pagar y ahora hace ademán de acordarse.
Asambleístas: es hora de reformar la ley. La comunicación necesita una legislación, pero esta debe ser justa e imparcial, garantizar la libertad de expresión e impedir los caprichos del poder. Caso contrario, la vanidad, obsecuencia y perversidad de los personajes de turno puede llegar a ser más abuso e impunidad, disfrazada de estado de derechos.