Antonio Rodríguez Vicéns
El Consejo de Administración Legislativa, como era previsible, ha negado la posibilidad de un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Empleado privado o empleado público, es el típico burócrata: sinuoso y acomodaticio, supuestamente respetuoso de la ley cuya violación impone a los jueces todos los días, ha ido creando para los ingenuos, gracias a un permanente doble discurso, una imagen pública de falsa integridad que le ha permitido camuflar la arrogación de atribuciones, la injerencia arbitraria, la alteración del orden jurídico, los abusos y los atropellos.
Armado de esos atributos, sin práctica judicial, se convirtió en el ejecutor de la política intervencionista, de sometimiento y de control, impuesta a la administración de justicia por el correísmo. Una reforma apresurada, mal programada, que no tomó en cuenta las normas y los tiempos procesales, ha llevado al Consejo de la Judicatura, violando la ley y asumiendo decisiones expresamente prohibidas, a instruir a los jueces, sin ningún fundamento, el archivo del mayor número de juicios en el menor tiempo posible, atentando contra los derechos de los litigantes y dejándolos en la indefensión.
Concreto. El Código Orgánico de la Función Judicial prohíbe a los miembros del Consejo de la Judicatura interferir en las funciones de los jueces, “mucho menos en la toma de sus decisiones y en la elaboración de sus providencias”. ¿Qué hacen, en la práctica? Lo contrario. Aupados en la impunidad, mediante el oficio DNGP59, del 17 de febrero pasado, por ejemplo, envían a los jueces “modelos de providencias” para imponer a los litigantes, bajo la arbitraria amenaza de archivar los juicios en el término de tres días, la realización de diligencias que son físicamente imposibles de cumplir en ese lapso.
Los jueces, por supuesto, protegiendo sus cargos, obedecen. Han renunciado a su independencia, a cumplir la ley y a hacer uso de su propio criterio. Han degradado la importancia y la alta trascendencia de su labor y se han convertido en instrumentos ciegos y sumisos de un proyecto político que se les ha impuesto. Han dejado de ser servidores públicos, abiertos a garantizar los derechos de los litigantes, para aumentar, soslayando la ley y copiando autos y providencias, requisitos, dificultades y trabas procesales. Hasta atentando contra el sentido común, no administran justicia: la niegan.
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