Rebeca Díaz García
El Presidente, Lenín Moreno, habla de la posibilidad de una consulta popular para enmendar las falencias en la participación ciudadana, el sistema político y la democracia, la falta de independencia de las funciones del Estado y de transparencia en la elección de autoridades de control. La propuesta aparentemente surge desde varios sectores políticos y sociales que buscan remediar los problemas derivados de la construcción de un aparataje político que permitió el manejo de todas las funciones del Estado al ex presidente Correa.
Los distintos actores políticos expresan su criterio a favor de una consulta popular y no falta quien proponga una Asamblea Constituyente para fortalecer la democracia y la institucionalidad del país; los criterios coinciden sobre posibles temas de consulta, como la eliminación de la reelección indefinida, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la Ley de Comunicación, las enmiendas aprobadas por Alianza País. Apuntan a la transparencia en la designación de autoridades de control, el equilibrio de los poderes del Estado y el modelo económico.
Las voces del oficialismo advierten que “la consulta no está planteada en función de réditos políticos para el Presidente, sino en réditos para la democracia” y se pone un plazo mediato que sería luego de los diálogos sociales, desde donde se darían luces sobre los temas de la Consulta. Pero, en el Correísmo la consulta popular fue un instrumento para desviar la atención de temas de interés nacional; así, demuestra la consulta sobre paraísos fiscales que desvió la atención de las elecciones nacionales y tuvo una gran promoción; a la vez, se desconoció el valor de este instrumento democrático cuando no se preguntó a la ciudadanía sobre la reelección indefinida y otras “enmiendas” a la Constitución que se quedaron en la Asamblea.
Al momento, se investigan numerosos casos de corrupción que revelan la debilidad de las Instituciones de Control, es necesaria la presión ciudadana para que se llegue a la verdad en estos casos; y mediante la consulta, es el momento de fortalecer las normas de control de las Instituciones del Estado y convocar a los actores sociales y políticos a construir un proyecto nacional para institucionalizar la transparencia en el País.