Remo Cornejo Luque
Otro paso, bien dado, ha realizado el Consejo de Participación Ciudadana transitorio en la línea de cortar las garras del correísmo de las instituciones del Estado e independizar la justicia. Ahora el turno le tocó al Consejo de la Judicatura (CJ), órgano que ha encubierto todas las trapacerías del gobierno más corrupto de la historia.
El CJ fue presidido por el exministro y secretario personal de Correa, Gustavo Jalkh, y se convirtió en el instrumento enérgico para manejar la justicia bajo los dictámenes de Alianza País. Desde allí se controlaba el accionar de los jueces, fiscales y defensores públicos; se ponía límites a las sentencias en las acciones de protección contra el Estado y vigilaba que los ejercicios de represión tengan luz verde.
Con la consigna de modernizar los procesos se encubrieron los negociados, en este caso no eran de carreteras ni de hidroeléctricas, sino de las construcciones y los sistemas informáticos. La falta de independencia llevó a que el temor y el silencio llenen los pasillos de las Unidades Judiciales, las cortes provinciales e incluso la Corte Nacional de Justicia. Varias organizaciones de Derechos Humanos y los colegios de abogados han elevado serios cuestionamientos, el reclamo común ha sido: “la existencia de un patrón de acciones gubernamentales orientadas a presionar o coaccionar al poder judicial en su manejo de casos importantes o con implicancias políticas durante el gobierno de Correa”.
El Cpccs viene cumpliendo la voluntad expresada el 4 de febrero, sus potestades legales y constitucionales le permiten evaluar y cesar al CJ y más entidades de control. Esta es la exigencia del pueblo que por 10 años vio que la justicia era parte de un aparataje de persecución y encubrimiento de la corrupción, en beneficio de Correa y su séquito. (O)