Para Martha Roldós, política de oposición y activista de Derechos Humanos, el Gobierno debería leer con detenimiento el informe del sexto examen de Ecuador ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, emitido el viernes, y acoger sus recomendaciones.
Un aspecto del informe se refiere la libertad de la reunión pacífica, en donde se recogen alegaciones sobre el presunto uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. Pero también el Comité tomó nota de la información de que algunos manifestantes habrían recurrido a la violencia contra la fuerza pública en las movilizaciones de 2015, lo que habría sido respondido con uso excesivo de la fuerza por parte de los policías.
El Comité recomienda que el Estado tome medidas para que se pueda ejercer en la práctica el derecho a la libertad de reunión pacífica y que se redoblen esfuerzos para eliminar todas las formas de uso excesivo de la fuerza.
“Ministro (José) Serrano, lea… Ojalá lo hubieran leído antes de tratar como trataron a los cubanos”, dijo Roldós. Añadió que esta recomendación se da luego de que el Comité escuchó las quejas que la sociedad civil presentó por los casos de represión durante las manifestaciones y las marchas de 2015.
La versión oficialista
Para el viceministro del Interior, Diego Fuentes, el informe recoge los esfuerzos realizados para capacitar a la Policía en Derechos Humanos, lo que ha permitido que en los procedimientos se observen los estándares internacionales para uso progresivo de la fuerza. “En el informe del Comité se realizan algunas observaciones o recomendaciones sobre la base de supuestas alegaciones, es decir no existen casos determinados, concretos”, dijo.
Agregó que en los procesos investigativos por presuntas violaciones a los Derechos Humanos se ha pedido la colaboración de quienes aseguran que habrían existido esas presuntas violaciones, pero que no han tenido una respuesta formal. (HCR)
La rol de la justicia
° Una parte del informe se refiere a la independencia judicial, en donde se establece que al Comité le preocupan las alegaciones relativas al uso frecuente por parte del Consejo de la Judicatura del sistema de disciplina previsto en el Código de la Función Judicial para destituir a jueces, a través de la figura del “error inexcusable”.
También son motivo de preocupación las alegaciones sobre las amenazas de iniciar procesos judiciales y los ya iniciados contra jueces en relación con el ejercicio de sus funciones.
Por eso el Comité recomienda al Estado incrementar esfuerzos para asegurar y proteger la plena independencia de la judicatura, garantizando que pueda desempeñar sus funciones judiciales sin ningún tipo de presión o injerencia.
Cifras
3
días han pasado desde que se presentaron los resultados del informe.
