Quito, Redacción
Que la vivienda sea considerada como un derecho humano en todo el mundo, exigieron hoy organizaciones sociales de varios países que participan de Hábitat 3.
Durante un encuentro con la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Fartha, pidieron que este organismo intervenga para que se frenen los desalojos de asentamientos humanos catalogados de informales.
María Luisa Santos, del movimiento nacional popular Rua, de Brasil, comentó que en la localidad de Isadora hay unas 8 mil familias a punto de ser desalojadas para el desarrollo de un proyecto inmobiliario.
Otros activistas también aludieron al caso de Detroit, donde señalaron que una persona puede perder su casa si no paga el servicio de agua potable, el de Palestina, El Congo, e incluso el de la isla de Muisne (Ecuador).
«Yo quiero que se haga una alianza internacional y un tribunal para parar los desalojos», dijo una joven de Taiwan, donde aseveró que más de 50 mil personas están en riesgo de quedar en la calle.
La relatora concordó con estas preocupaciones. Tiene previsto presentar un informe ante el Comité de Derechos Humanos en marzo próximo. (RVD)