Redacción ECONOMÍA
Durante la rueda de prensa virtual, el 12 de abril pasado, Richard Martínez, ministro de Economía, ya había adelantado que el Gobierno implementaría un programa integral de ajuste y austeridad en el sector público.
En este contexto, ayer, se emitieron una serie de medidas para optimizar el gasto, a través de un documento titulado «Directrices presupuestarias para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020».
La primera de esas directrices es que en las entidades del Estado no se contratará más personal, excepto en aquellos casos que sean de retorno por comisión de servicios o de licencias, con o sin remuneración.
A su vez, también se dispone que las vacantes que existían en el nivel jerárquico superior en el primer trimestre se mantendrán así durante el segundo trimestre de 2020.
Desvinculaciones
Sin embargo, la disposición con mayor impacto está relacionado con desvinculaciones de personal. Así, los funcionarios con contratos de servicios ocasionales y los nombramientos provisionales que estuvieron planificados y programados hasta marzo de 2020 serán separados.
Esto último se refuerza con la prohibición de que se busque ningún tipo de reemplazo externo.
El gasto, solo en sueldos del sector público, supera los $9.000 millones anuales.»Las entidades que den por terminados los contratos de servicios ocasionales y los nombramientos provisionales no podránlataforma guberma contratar a las mismas personas o a nuevos funcionarios con cargo al presupuesto de los proyectos de inversión», puntualiza el documento del ministerio de Economía.
En el segundo trimestre de este año, no se autorizará la contratación de personal adicional para las entidades en las que se decida conceder comisiones de servicios o licencias sin remuneración a sus funcionarios.
Además, las entidades deberán abstenerse de solicitar la creación de puestos, de pedir ascensos o de solicitar incrementos de salarios.
Restricción de beneficios suplementarios
Durante el segundo trimestre del año 2020, el Ministerio de Economía podrá disponer que los funcionarios de otras dependencias apoyen a las instituciones de primera línea en el proceso de atención de la emergencia sanitaria, siempre y cuando no estén brindando servicios de manera directa en esta emergencia.
Además, se prohiben las autorizaciones para el pago de horas suplementarias y extraordinarias para los trabajadores y servidores de las instituciones públicas durante el tiempo de aplicación del teletrabajo, a excepción del personal de salud y actividades relacionadas con la emergencia sanitaria.
En el Gobierno Central, la burocracia asciende a casi 600.000 personas.Así mismo, las instituciones no podrán hacer procesos de capacitación, de consultoría o de prestación de servicios profesionales. Esto no incluye a las entidades responsables de los servicios de salud, de la seguridad interna, de la defensa nacional, de la gestión de riesgos y del bienestar social.
También estarán eximidas las entidades que deben velar por la producción nacional de bienes de primera necesidad y de consumo masivo, previa autorización del Ministerio.
Certificaciones presupuestarias
Las certificaciones presupuestarias emitidas por las entidades públicas, entre enero y marzo de 2020, y que no estén asociadas a ningún compromiso de gasto ni a procesos precontractuales y contractuales en ejecución, serán liquidadas, siempre y cuando esto no afecte al trabajo de la institución.
Mientras que las instituciones que no intervengan en la emergencia sanitaria deberán abstenerse de planificar, programar, certificar e iniciar procesos de contratación.
El Ministerio de Economía aprobará “todo tipo de reformas o asignación de recursos en función de las necesidades de las entidades consideradas en primera línea de atención de la emergencia”. En esa línea están las entidades de Salud, Seguridad Interna, Defensa Nacional, Bienestar Social y Gestión de Riesgos.
Hasta el 24 de abril de 2020, se revisará y negociará a la baja el valor de los contratos destinados al arrendamiento de bienes inmuebles y coordinará estas medidas con el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).
Uno de los objetivos es definir “un mecanismo que permita compartir los espacios físicos entre entidades del Sector Público” y así disminuir el gasto corriente. (JS)