La oficina de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo es amplia y luminosa. Marcelo Espinel Vallejo, su coordinador de proyectos, es amigable. Con aire jovial, lleva los botones superiores de su camisa sueltos.
“Ven, siéntate por acá”, dice al mismo tiempo que señala una pequeña sala de juntas, en la cual se llevará a cabo un diálogo pactado sobre gobierno abierto, una iniciativa que lleva adelante esta organización desde hace unos cinco años, para que el Estado ecuatoriano sea más transparente y con mayor acceso a la información sobre sus proyectos.
Espinel se sienta y responde con un verbo distendido, pero concreto, sobre los temas de la Fundación.
Unos segundos después, recuerdo que la grabadora no está encendida y con movimiento preciso la enciendo. Esto genera una mirada suspicaz del entrevistado. A fin de cuentas, se está hablando de que todo debe ser transparente.
¿Qué es el gobierno abierto?
Ya el gobierno venía haciendo gobierno abierto, solo que, quizás, no lo conocían por ese nombre. Estaban transparentado información, realizando presupuestos participativos y permitiendo la participación del ciudadano. Nosotros comenzamos a hablar sobre gobierno abierto en el sentido de que es un nuevo modelo de gestión. No solo busca que los ciudadanos se involucren más, sino que las políticas públicas tengan mayor aceptación y credibilidad a futuro.
¿Y eso en qué se traduce?
En que la votación que pueda recibir un político no es suficiente legitimidad para que ellos puedan tomar decisiones. Las decisiones que deben tomar los políticos en la actualidad, tienen que ser socializadas y consensuadas con la ciudadanía.
Si ya se tiene una idea del concepto de gobierno abierto, ¿por qué aún tenemos ejemplos de organismos del Estado que toman decisiones unilaterales?
Y el resultado es más descontento ciudadano. Esta nueva lógica (de gobierno abierto) debe motivar la colaboración. El ciudadano se involucra en la toma de decisiones y es escuchado. Nosotros no podemos pretender que el ciudadano exija o participe si no puede acceder a información. Bajo el concepto de transparencia, si el ciudadano conoce más de manera amigable, hay una verdadera colaboración.
¿Ustedes han tenido alguna experiencia con alguna institución que esté aplicando esto al pie de la letra?
Actualmente, el proceso de implementación de gobierno abierto está a medio camino. Nos hemos reunido académicos, sociedad civil y organismos públicos. Hemos recolectado 323 propuestas, y de estas se está priorizando para que queden en 15 compromisos gubernamentales. Estos 15 serán entregados por el presidente de la república en mayo, en Canadá durante la cumbre mundial de gobierno abierto. A partir de ahí, existirá un mandato presidencial que le indicará a las instituciones públicas cómo deben actuar con el modelo de gobierno abierto.
La votación que pueda recibir un político no es suficiente legitimidad para que ellos puedan tomar decisiones”.¿Han tenido acceso directo con la presidencia?
Sí, exactamente. Este proyecto, obligatoriamente si se quiere ejecutar, tiene que hacerse con la Presidencia. El proceso fue el siguiente: el 24 de mayo del año pasado, nos agarra de sorpresa que el Presidente en su informe de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional anuncia que formalmente ha solicitado el ingreso a la alianza mundial para el gobierno abierto. Ecuador era uno de los últimos de sudamérica en no pertenecer. Actualmente, sólo Venezuela y Bolivia no integran esta alianza.
¿Cómo es esta alianza?
Bueno, primero exige tener dos puntos de contacto en cada país: presidencia y una organización de la sociedad civil. En lo segundo, somos nosotros. Además, creamos un grupo núcleo para delinear el plan de acción de gobierno abierto, donde estamos tres organizaciones de la sociedad civil, cuatro instituciones públicas y tres universidades.
En mayo de este año se concretará este plan de acción y las instituciones públicas deberán cumplirlo.
Una vez que se ejecute este plan, ¿en qué lapso de tiempo empezamos a ver resultados?
Lo que establece la lógica del gobierno abierto es que tienes ciclos de dos años. Y dependiendo del estado en el que estés tienes evaluación o creación. Ecuador recién está en su primer plan de gobierno abierto. Por ejemplo: Chile, Uruguay o Costa Rica ya van por su segundo o tercer plan de acción. En el caso ecuatoriano estamos en la creación y la implementación del plan de acción, sería desde julio de esta año hasta julio de 2021. Estos no son compromisos lanzados al aire, tienen cronogramas.
¿Cómo sería la contraloría de estos proyectos?
Lo interesante es que esto se realiza a través de una alianza internacional. Yo siempre hago una analogía: qué pasa cuando a alguien le dicen que huele mal. ¡No, imposible! Yo no puedo estar oliendo mal. Eso pasa cuando el Estado se autoevalúa. En este caso no existe una autoevalución del Estado. Son organismos de manera independiente los que te indican si cumpliste o no con el plan. Esto también va de la mano de lavarle la cara al Estado, porque es más fácil acceder, por ejemplo, a créditos de inversión si está involucrado en temas de transparencia y combate a la corrupción.
Al ser políticas de Estado, y tener una contraloría internacional, ¿no jugarán la carta de que viola la soberanía?
No realmente, porque los tipos de compromiso que se adquieren no incidirán por ejemplo en maneras tributarias, de derechos o libertades o de seguridad. Lo que se quiere es implementar más mecanismos de transparencia. Pedir a un Estado que sea más transparente no creo que sea, a mí criterio, un atentado en contra de la soberanía.
Entonces, ¿el gobierno abierto es una herramienta esencial para la transformación de la política?
Totalmente, la democracia tal y como la concebimos ya no funciona. (JDC)
Perfil
Marcelo Espinel Vallejo
Coordinador de proyector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Trabaja por la defensa de víctimas de violaciones de DD.HH. y la promoción de la libertad de expresión y transparencia gubernamental. Fue parte de varias organizaciones promotoras de derechos sexuales y reproductivos de jóvenes.