Redacción QUITO
El Consejo de la Judicatura resolvió reemplazar a los directores provinciales, cuyas funciones fueron terminadas ayer 9 de julio, con juristas que serán recomendados por las facultades de Derecho y por organizaciones sociales.
El presidente de la Judicatura, Marcelo Merlo, ya envió una carta a los rectores de 31 universidades públicas y privadas. Allí especificó que la academia «debe jugar un rol social en la restauración del Estado democrático, la independencia de poderes y la justicia transparente», según un comunicado.
Las universidades tienen de plazo hasta el 11 de julio para proponer sus nombres. Las organizaciones sociales también recibirán una carta similar.
La convocatoria será abierta y no estará dirigida a gremios específicos, debido a que el «objetivo es lograr una amplia participación de la ciudadanía». Además, existirá un periodo de impugnaciones debidamente fundamentadas.
De acuerdo con el vocal Juan Pablo Albán, el cambio de vocales era necesario porque en algunos casos ya habían cesado sus funciones hace alrededor de un mes.
Mientras se designa a los nuevos delegados, los presidentes de las Cortes Provinciales se encargarán de sus funciones jurisdiccionales y las tareas administrativas.
Este encargo, según Albán, será por un corto tiempo, «en el que los titulares de las Cortes deberán actuar en estricto apego a la ley y sin extralimitarse en sus funciones», añade el comunicado.